Al igual que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, la viceministra alertó que de concretarse el anunciado paro generará un daño económico de $us 115 millones por día.
“El perjuicio es para la población boliviana. Sabemos que no es la vía, como lo habíamos señalado, ¿por qué? porque los afectados son el transportista, el que se afecta es el comerciante, el gremial, el empresario, el microempresario, son las personas que tienen que generar ingresos”, argumentó.
Como ejemplo del perjuicio que provocan los bloqueos, Alcón aludió al paro de 36 días en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de 2022, que generó pérdidas millonarias a diferentes sectores.
Varios sectores sociales rechazaron el anunciado bloqueo de caminos e incluso, algunos, advirtieron con impedir que se obstaculice el libre tránsito.
La secretaria general de la Federación de Mujeres Trabajadoras Bartolinas Sisa de Tarija, Bertha Aramayo, instó a los “compañeros de la CSUTCB a sentarse en una mesa” y encontrar una solución a sus diferencias.
“Creo que hay que tener la capacidad de sentarse, dialogar y buscar el consenso, creo que somos hermanos. Puede haber discrepancias, todos pensamos diferentes, pero para la salud de nuestra CSUTCB lo importante es que tengamos esa capacidad de diálogo”, señaló.
En la misma línea, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, también instó a los seguidores de Santos a deponer su anunciado bloqueo para evitar un daño a la actividad económica del país.
Héctor Mercado, dirigente de la Cámara de Transporte Pesado, demandó al gobierno hacer cumplir la Constitución y garantizar la libre locomoción de los bolivianos.
