Analistas expresaron su preocupación porque los impactos que se vieron en pueblos indígenas de Chaco se puedan replicar en poblaciones y territorios del norte del país, donde YPFB busca nuevos recursos de gas y petróleo
La necesidad le ha dado un fuerte impulso a las actividades hidrocarburíferas en el país y vuelve a reflotar el debate sobre intervenciones en el patrimonio indígena y natural del país. Entre 2021 y 2023 se habrán emitido 1.159 licencias ambientales para operaciones en el sector. Indígenas expresaron su preocupación por los impactos ambientales y analistas observaron la vulneración de derechos e incumplimiento de normativa.
Reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua indican que se emitieron 554 licencias en 2021, 298 en 2022 y se prevé 307 para esta gestión. No se incluye detalles de la categoría de estas licencias, lo que permite medir el impacto de estas actividades, ni del tipo de tareas que autorizan. La cantidad se acerca a las 1.240 licencias que se otorgaron en el sector durante la tercera gestión de Evo Morales (2015-2019).
“Ante el agotamiento de las reservas en la región tradicional del Chaco, preocupa la forma en que se amplía la frontera hidrocarburífera del país, principalmente en la Amazonía sur y norte, donde viven pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad”, afirmó Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
“Esta aceleración en la cantidad de licencias otorgadas refleja, por una parte, la desesperación tardía por la caída de las reservas de gas; y, por otra, el relajamiento de la normativa medioambiental iniciado ya bajo el régimen de Evo Morales”, consideró Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
Este aflojamiento se dio “en la Ley de Medio Ambiente y en la Ley de Hidrocarburos, y es contrario a la Constitución y a los derechos de los pueblos indígenas”, apuntó.
“Desde 2015, se modificaron decretos para bajar los estándares de participación de las comunidades para la identificación de impactos ambientales. Hoy por hoy, la normativa vigente se caracteriza por no ser tan rigurosa y las salvaguardas ambientales y sociales son muy pocas, prácticamente nulas”, evaluó Vargas.
Así, dijo, “el incremento de licencias implica que no se va a considerar o va a ser muy limitada la participación de las comunidades, de la población en general”, en la aprobación de esos documentos.
“La normativa medioambiental y social pertinente ha sido erosionada sistemáticamente a través de normativas de menor jerarquía que constituyen una especie de “régimen de facto” para estos temas, dijo Villegas.
“Nosotros siempre nos enmarcamos en la normativa y somos muy respetuosos de la Constitución y siempre hemos pedido al Gobierno que también se enmarque en la Constitución, en los tratados internacionales y, sobre todo, que se cumplan las normativas”, afirmó Lino Illimuri, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
“Puede que haya licencias ambientales que vayan a favorecer los intereses del Estado, pero por debajo está la violación a los derechos de los pueblos indígenas y ese siempre ha sido un problema”, como “aprendimos de nuestros hermanos guaraníes” y de la actividad petrolera en sus tierras. “En la CPILAP, estamos alertas a lo que vaya a suceder”, sostuvo.
Entre 2007 y 2022, las áreas reservadas para prospección y explotación de hidrocarburos en el país aumentaron de 21 a 106. De ese total, 65 áreas están hoy soprepuestas a 43 territorios indígenas de las tierras bajas (Amazonía, Oriente y Chaco), lo que a su vez “representa el 80% de los 58 territorios indígenas reconocidos por el Estado”, según el Cedib.
Los esse ejja, machineri, yaminahua, entre otros, que “ya están seriamente afectados” por la actividad minera y la contaminación por mercurio “podrían verse nuevamente afectados por la presencia de actividades de exploración hidrocarburífera”, alertó Vargas.
En junio pasado, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que hay 31 áreas reservadas a favor de YPFB que se encuentran sobrepuestas a parques naturales y áreas protegidas, las cuales a su vez -según analistas- están superpuestas a territorios indígenas.
Los expertos expresaron su preocupación por que esta mayor actividad petrolera cause múltiples impactos en pueblos que viven en áreas de gran riqueza natural y que históricamente han sido vulnerados en sus derechos.
En lo ambiental, se teme la restricción a fuentes de agua, la deforestación y la desaparición de especies animales y vegetales de las que dependen los indígenas, impactos que se suman a los ya causados por los procesos de urbanización y el cambio climático.
“La exploración hidrocarburífera en el país se basa en procesos de tendido de líneas sísmicas” en las que se utilizan “importantes cantidades de explosivos (…). Tenemos información que la exploración sísmica en la Amazonía norte sumada a la sequía han limitado seriamente la producción de castaña, porque los árboles se han secado”, indicó Vargas.
Illimuri consideró que “en la Amazonía norte, por ahora, no tenemos grandes impactos”, aunque “en la frontera con Pando, donde está nuestra TCO Tacana 2, los estudios sísmicos han matado las especies que se encargan de polinizar la planta de la castaña”, lo que ha bajado la producción de ese fruto, del que dependen lecos y mosetenes, entre otros.
En cuestión de derechos territoriales, estos pueblos indígenas – ya mermados por los procesos de colonización desde la década de los 70- pueden verse afectados en sus formas de organización, en el irrespeto a sus instituciones y en su exclusión de procesos de consulta previa acorde a los estándares internacionales.
Este impacto puede ser mayor en el caso de pueblos en aislamiento voluntario, cuyos territorios están sobrepuestos a 18 de las 106 áreas reservadas para YPFB.
Illimuri observó que la administración de Luis Arce quiera hacer la consulta solo a “ciertas comunidades” y no a todas las poblaciones del territorio que “se va a afectar”. “Siempre hemos pedido ser parte de las tomas de decisión”, remarcó, pero “en cuanto a los proyectos que está implementado el Estado no hemos tenido ninguna consulta, ni siquiera en las actividades mineras”.
El dirigente lamentó también que se quiera dividir al pueblo indígena. “La amarga experiencia que tenemos es que nos han fragmentado. Han querido crear otras organizaciones. Hemos tardado muchos años en volver a unirnos”, manifestó.
Para el Cedib, es evidente la ausencia de una política que conduzca hacia una transición energética en el país. El Gobierno sigue apostado por el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.
Villegas, por su lado, duda de “actividades cuyo objetivo no siempre es encontrar (gas o petróleo), si no justificar gastos”.
“Si no se cumplen las salvaguardas ambientales, que tienen el objetivo de reducir el impacto por de actividades, estamos poniendo en riesgo el patrimonio natural del país y, en algunos casos, la vida de pueblos indígenas. (…). Hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad de apostar por un aprovechamiento de los recursos naturales que respete los derechos humanos y los derechos territoriales de poblaciones que de manera ancestral han ocupado estos espacios”, apuntó Vargas.
