Inca aclara que los juicios Golpe I y II son políticos y no buscan justicia para las víctimas del 2019

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En ninguno de los dos procesos contra las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez se contempla como víctimas a los civiles heridos, torturados y fallecidos en la crisis política de 2019

La Paz.-  David Inca, activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y representante de las víctimas de Senkata y Sacaba, aclaró que los juicios “golpe de Estado I” y “golpe de Estado II” son políticos y no buscan justicia para las víctimas de los hechos suscitados en noviembre de 2019.

“Estos dos procesos denominados mediáticamente Golpe y II, no contempla a las víctimas de las masacres porque, no son las víctimas importantes, las víctimas importantes son cuatro -presidentes del Estado, de la Asamblea Legislativa, del Senado y de Diputados- las sentencias de los Golpes I y II sólo beneficiarán a esas cuatro víctimas y a la dicotomía interesada”, aclara Inca en un comunicado que emitió la pasada jornada.

El activista pidió a los políticos y medios de comunicación que no confundan los juicios golpe de Estado I y II como mecanismos de búsqueda de justicia para las víctimas de la sociedad civil, porque este último grupo aún no se beneficia en ningún proceso judicial y son utilizados en discursos políticos que reducen los hechos del 2019 a “fraude” o “golpe”.

El caso “golpe de Estado I”, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, juzga los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; las víctimas en ese proceso son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.

Respecto al caso “golpe de Estado II”, el proceso fue iniciado por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Las víctimas en esta causa son Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Ezequiel Borda.

En ninguno de los dos procesos contra las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez se contempla como víctimas a los civiles heridos, torturados y fallecidos en la crisis política de 2019.


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