Genera preocupación el aumento de la población penitenciaria, que registró un incremento, de marzo de 2022 y diciembre de 2022, de 20.002 a 24.824 privados.
A diciembre de 2022 se registraron en las cárceles bolivianas 24.824 personas privadas de libertad. De esta cifra, el 66.19% está bajo la modalidad de detención preventiva; es decir que de cada 10 personas recluidas en centros penitenciarios, 6 permanecen en la cárcel bajo medidas cautelares de carácter personal.
“Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando la detención preventiva. De repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, cuestionó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia, presentó el primer Informe Anual, correspondiente a la gestión 2022, mismo que incluye 30 recomendaciones a diferentes instituciones del Estado, que fueron presentadas en la Asamblea Legislativa. Durante su exposición puso de manifiesto su preocupación por la cantidad de privados de libertad que se encuentran bajo detención preventiva.
La autoridad defensorial remarcó que en cuanto a los centros penitenciarios, otro aspecto que genera preocupación es el referido al aumento de la población penitenciaria, el cual registró un incremento, de marzo de 2022 y diciembre de 2022, de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia (MNP – Bolivia) realizó visitas a 40 centros penitenciarios del país, donde evidenció la situación en la que se encuentra la población recluida en esos establecimientos.
Esta instancia elaboró el informe 2022 mediante la información recabada durante 273 visitas a establecimientos carcelarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
El Defensor del Pueblo resaltó la importancia de un trabajo conjunto con las autoridades estatales competentes, a quienes invitó a un diálogo constructivo para abordar las problemáticas identificadas en el informe del MNP – Bolivia, en procura de soluciones de corto, mediano y largo plazo.
