“Mi cliente va a volver a presentar un memorial solicitando a la Fiscalía tomar las declaraciones a Luis Fernando Camacho en calidad de sindicado en la ciudad de La Paz. Todos los bolivianos somos iguales ante la ley y el gobernador debe ser tratado igual que una persona humilde, en este sentido tiene la obligación de declarar ante el director funcional de las investigaciones y en este caso es La Paz», señaló el abogado.
“Mi cliente va a volver a presentar un memorial solicitando a la Fiscalía tomar las declaraciones a Luis Fernando Camacho en calidad de sindicado en la ciudad de La Paz. Todos los bolivianos somos iguales ante la ley y el gobernador debe ser tratado igual que una persona humilde, en este sentido tiene la obligación de declarar ante el director funcional de las investigaciones y en este caso es La Paz», señaló el abogado en contacto con la ANF.
Además, manifestó que existe un decreto supremo que fue promulgado en el Gobierno de Evo Morales y que establece que los delitos de terrorismo deben ser investigados en la ciudad de La Paz, por lo tanto el jurista considera, que el gobernador de Santa Cruz debe llegar a prestar su declaración.
El pasado 11 de julio una comisión de fiscales viajó de La Paz a Santa Cruz para tomar las declaraciones al gobernador de ese departamento por el caso “golpe de Estado I”, pero el acto fue suspendido debido a unas supuestas amenazas de muerte que recibieron los funcionarios del Ministerio Público. Desde esa fecha no se volvió a reprogramar las declaraciones de Camacho y tampoco se iniciaron las investigaciones sobre las amenazas.
Para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la suspensión de su audiencia por el caso denominado “golpe de Estado I” es una “chicanería”.
Mediante su cuenta en Twitter, Camacho afirmó que “es el típico recurso de la justicia masista: La dilación, la chicanería y el jugar al desgaste”.
La expresidente, Jeanine Añez también está incluida en este proceso, junto a otras exautoridades y excomandantes. La exmandataria ya tiene una sentencia a diez años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”.
