Un juez dicta que el río Beni tiene derechos y manda a paralizar actividad minera en su ribera

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La Defensoría del Pueblo presentó una acción popular ante la justicia en contra de las empresas mineras o cooperativas que estaban realizando las consultas a las comunidades, pero quedaron sin efecto, aseguró el abogado ambientalista Rodrigo Herrera

La Paz, Bolivia, 28 de julio de 2023 (ANF).– El juez de Instrucción Primero de la localidad de Palos Blancos determinó que el río Beni tiene derechos y, por tanto, falló contra las cooperativas mineras que intentan desarrollar actividad minera en la ribera del afluente. La audiencia se realizó el martes de esta semana, informaron el abogado ambientalista Rodrigo Herrera y el director de la organización La Voz de la Naturaleza, Antonio Cajías.

“La audiencia correspondiente fue llevada a cabo el día 25 de julio. En esta audiencia, felizmente, el juez de Palos Blancos dio la razón a la Defensoría del Pueblo y, entre tantas consideraciones ambientales, el juez ha determinado evidentemente que el río Beni tiene derechos, que se tienen que precautelar los derechos que tiene la población que habita sus alrededores. Por esa razón, ha instruido a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) que deje sin efecto la resolución que permite al inicio de la consulta previa a las cooperativas mineras”, dijo el abogado Herrera y calificó la decisión del juez como innovadora en términos jurídicos.

La Defensoría del Pueblo recibió denuncias de los pobladores de Alto Beni y Palos Blancos, donde cooperativistas mineros ingresaron a realizar consultas a las comunidades para que les den el visto bueno y luego iniciar la actividad minera. “Con ese permiso”, que incluso podría estar amañado, de los dueños de esas regiones el extractivismo minero pretendía tener vía libre.

La Defensoría del Pueblo presentó una acción popular ante la justicia en contra de las empresas mineras o cooperativas que estaban realizando las consultas a las comunidades, pero quedaron sin efecto, aseguró el abogado ambientalista.

El director de la organización La Voz de la Naturaleza también confirmó a la ANF la realización de esta audiencia y el fallo del juez de Palos Blancos; dijo que es un precedente para detener la actividad minera en esas dos regiones y la misma se amplía a las poblaciones de Sud Yungas.

“La Defensoría del Pueblo solicitó que se pueda dejar de autorizar todo tipo de consultas previas sobre río Beni, que se anule toda actividad minera que atente contra el medio ambiente, principalmente, en el río Beni y la provincia Sud Yungas”, dijo Cajías a este medio.

La actividad minera empezó a proliferar en todo el norte paceño, incluyendo las provincias Nor y Sud Yungas. Hasta ahora, la actividad se reducía a la provincia Larecaja por sus poblados con tradición minera como Guanay, Tipuani o Mapiri.

En el último decenio, las cooperativas lograron la participación de empresas mineras extranjeras de origen asiático y desplegaron maquinaria en la provincia Larecaja, luego ampliaron sus “operaciones” en otras provincias como Nor, Sud Yungas, Iturralde y Franz Tamayo en el norte de La Paz. Ahora ya tienen centros de trabajo en los departamentos de Beni y Pando.

Rodrigo Herrera dijo que las márgenes del río Beni ya fueron amenazadas por cooperativas y que la Defensoría, en un intento por detener las operaciones, planteó la acción popular ante el juzgado de Palos Blancos y logró la audiencia.

“Lo que estaban tratando (las cooperativas) era intentar conseguir un respaldo de alguna comunidad de los municipios bajo un convenio, como siempre lo hacen. Con ese convenio querían empezar a trabajar, pero no lo hicieron, no se logró esto porque las comunidades están convencidas de los perjuicios de la actividad minera. Ante esa situación, las cooperativas intentaron tramitar su permiso y derechos mineros ante la AJAM”, explicó el especialista.

El juez de Palos Blancos indicó que el fallo debe ser de cumplimiento inmediato. Si la AJAM incumple la determinación, será pasible a una denuncia.


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