La licencia ambiental y otros requisitos limitarán las ventas de oro al ente emisor. La Paz será la región que más perderá con el nuevo marco legal. El sector cooperativo considera que la actual normativa no está cerrada
“Ya estamos en condiciones de poder comprar oro de instancias públicas y privadas”, anunció el 9 de julio pasado el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, dando así luz verde a un proceso que llega con luces y sombras para el país.
El objetivo es el fortalecimiento de las reservas internacionales netas (RIN) del país, para lo cual se promulgó la Ley 1503, el 5 de mayo de esta gestión, y se aprobó su reglamento, el 3 de julio pasado.
En este marco legal hay dos elementos que permitirían alcanzar ese resultado y que le dan al ente emisor una ventaja para que las cooperativas -que dominan la producción nacional aurífera- vendan su oro esta vez al Estado y no a las comercializadoras privadas, afirmó Héctor Córdova, ex viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico y ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia.
Primero, “se declara” esa operación como “venta interna”, lo que hace que este sector pague un 1,5% por regalías y no el 2,5% que venía pagando, porcentaje preferencial establecido para los yacimientos marginales. Este es un nuevo incentivo para un sector que en su mayor parte debería pagar un 7% de regalías, ya que trabaja en depósitos principales sin pagar impuestos.
“Eso es menos plata para el departamento de La Paz”, apuntó Córdova, quien calculó que ese 1% menos de regalías representaría en 2022 más de $us 30 millones.
El segundo incentivo es la creación de un premio de entre 0,05% y 0,35% sobre la cotización internacional para las ventas de más de 6 kilos de ese metal, indicó Córdova.
Otro elemento, esta vez político, favorable a las compras de oro estatales es “la evidente alianza entre las cooperativas y el Gobierno”, que puede “motivar a varias cooperativas a vender su oro al Banco Central”, consideró.
Estos son los factores propicios al proyecto estatal de compra de oro de producción nacional, pero también hay elementos que juegan en contra de ese objetivo.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) identificó tres limitaciones.
Primero, el hecho de que el nuevo marco normativo no obliga a los actores mineros a venderle el oro que producen al BCB, lo que subordina al ente emisor “a la voluntad de las cooperativas” auríferas. Segundo, el que el Banco Central excluyera de las compras estatales a las cooperativas que producen menos de 1 kilo. Tercero, el que el ente emisor tenga desventajas frente a las comercializadoras de oro, como la presencia directa que tienen estas empresas privadas en las áreas de explotación aurífera.
Otro punto que puede hacer naufragar el fortalecimiento de las RIN con oro nacional es la necesaria licencia ambiental, que ahora se exigirá a todos los operadores mineros que quieran vender el mineral precioso al ente emisor.
“Eso para mi es importantísimo, porque de las casi 2.000 cooperativas que había en La Paz en 2022 menos de 200 (10%) tenían licencia ambiental”. El que solo puedan vender oro al Estado las que tengan licencia ambiental “puede ser un verdadero desincentivo para las cooperativas” y “puede dejar al Banco Central sin vendedores”, dejando este nuevo proyecto para fortalecer las RIN como “un saludo a la bandera”, sostuvo Córdova.
De acuerdo con el Ministerio de Minería y Metalurgia, las cooperativas producen el 99,6% del oro de Bolivia, mineral que se extrae principalmente de La Paz (73,6%), Beni (21,2%) y Santa Cruz (3,3%).
Zaconeta sostuvo que el exigir la licencia ambiental “podría reducir aún más el mercado de ofertantes de oro” del ente emisor.
Consultado al respecto, Santiago Cruz, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), indicó que no está en condiciones de informar cuántas cooperativas auríferas del país tienen ese documento. “El sector cooperativo es amplio”, remarcó.
Temas pendientes
Sin embargo, el dirigente precisó que, durante la elaboración del reglamento Fencomin hizo conocer al Gobierno “que, en algunos sectores, por alguna situación, no se puede adquirir rápidamente” ese permiso ambiental y que se verá la mejor solución a este tema conforme vaya avanzando el proceso de compra de oro por parte del Estado.
El Banco Central destacó que el reglamento para la compra de oro “instituye procedimientos ágiles para la comercialización del metal precioso con el BCB, promueve prácticas internacionales de oro responsable, promueve la inclusión financiera, fija que el ente emisor sea un participante más en la cadena de comercialización de oro y establece condiciones competitivas a objeto de reforzar las reservas internacionales netas”.
Este “es un canal más que nos permite garantizar la estabilidad económica y el proceso de reconstrucción de nuestra economía”, subrayó el titular del BCB.
Pese a que la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y su reglamentación fueron consensuados con las federaciones departamentales y regionales del sector cooperativo, hay puntos que no están cerrados, afirmaron dirigentes de Fencomin.
“No está cerrado en el tema del pago en moneda nacional, la bancarización, los gastos de realización, las compras mínimas. Eso se ha hablado concretamente con el presidente y el vicepresidente del BCB”, dijo Ramiro Balmaceda, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
“Hay algunos aspectos que todavía tendrían que verse en el camino. Hay algunos dirigentes que ya dan por cerrado el tema lo cual me parece irresponsable, porque en la práctica una ley o una reglamentación siempre puede ser modificada”, indicó a Radio La Voz del Pueblo, Ángel Surco, miembro de la Comisión Revisora de este proyecto de la Fencomin.
Entre los aspectos por revisar, detalló, están los plazos de los pagos, los requisitos y documentos que pide el BCB y los pagos en moneda nacional, entre otras “observaciones de fondo”.
“Al Banco Central le va a tomar un tiempo habituarse, porque está entrando a un campo nuevo (…). De aquí a tres meses, tendríamos que evaluar cómo se está trabajando” en todo el proceso, sostuvo.
Por su lado, Cruz prevé que con este marco legal la producción nacional de oro aumente.
Córdova, a su vez, no tiene muchas expectativas sobre los resultados de la nueva ley para fortalecer las reservas de Bolivia.
Experiencias
“En 2011 ya salió una ley con el mismo objetivo (la Ley 175) casi con los mismos términos, pero durante sus 12 años de vigencia las cooperativas no vendieron su oro al Banco Central”. En la actual Ley 1503 “solo se añade la compra en bolivianos y que la compra sea de oro responsable, el resto era idéntico, pero no hubo un incremento de las reservas”, recordó.
Para Zaconeta, si quiere aplicar una verdadera lógica de aprovechamiento de este recurso estratégico, el Gobierno central debería enfocarse en tres puntos: centralizar la totalidad de la comercialización de oro producido en el territorio nacional; ingresar de forma directa a la explotación de oro en las áreas de Comibol y la también estatal Cofadena; e instalar una refinería de oro para darle valor agregado al mineral y añadirlo a las reservas de oro.
Además, “el factor ambiental en la explotación de oro es clave y debe ser abordado en una Ley Integral del Oro”, subrayó.
Al 30 de abril de 2023, las reservas llegaron a $us 3.158 millones, entre divisas y oro, manteniendo su tendencia descendente, aunque el Gobierno insiste en que el nivel de estos activos se estabilizó.
