Indicó que esta situación sin duda genera una impotencia particularmente en las víctimas y en general hacia toda la población que en algún momento ha sufrido este tipo de hechos.
El director general de Lucha contra el Racismo y Discriminación, Ivar Villarroel, informó que de un 27% de casos (400) que llega a los tribunales, un 85% termina sobreseído por falta de pruebas. Los otros continúan el proceso, pero no siempre con sentencias condenatorias.
En 12 años de vigencia de la Ley contra el racismo y la discriminación, de más de 1.500 denuncias que se han presentado ante la fiscalía, solo tres terminaron en sentencias condenatorias.
“Y de los aproximadamente 400 casos que han ido a los tribunales (un 27% del total de casos), un 85% ha sido sobreseído, es decir no se ha logrado comprobar, no ha avanzado la investigación y por lo tanto no se ha dado sanción, muchos han sido archivados, muchos han abandonado los procesos”, señaló la autoridad a ANF.
Villarroel indicó que existe un problema estructural que tiene que ver con la falta de rigurosidad de los operadores de justicia para generar pruebas, lo que no permite coadyuvar para que prosperen las denuncias por racismo y discriminación. Dijo que otros elementos para que haya impunidad en estos casos es la recarga procesal por la gran cantidad de denuncias que llega a los juzgados.
“Entonces se sigue manteniendo esa estructura, pero no tiene que ver esto con la Ley 045, si no tiene que ver con la parte operativa procedimental del cumplimiento”, apuntó.
Indicó que esta situación sin duda genera una impotencia particularmente en las víctimas y en general hacia toda la población que en algún momento ha sufrido este tipo de hechos.
“Se evidencia justamente un desencanto del Estado, un desencanto de las instituciones protectoras de los derechos, quienes son las que deberían sancionar”, enfatizó.
La autoridad dijo que lo que se está discutiendo ahora en el gobierno es cómo se debería dar mayor impulso a las políticas de concientización, de educación, de prevención y ser más rigurosos, más oficiosos, donde la misma policía no debería esperar necesariamente denuncias para actuar, debido a que lo puede hacer de oficio, como la Fiscalía.
“Entonces estamos impulsando justamente una serie de acciones, mecanismos normativos para darle mayor responsabilidad a la parte preventiva, educativa, pero también ser más eficientes en la parte del régimen sancionatorio”, apuntó.
Indicó que cuando se volvió a crear el Ministerio de Culturas, en el gobierno de Luis Arce, se hizo una evaluación de la implementación y el cumplimiento de la Ley 045 y “hemos encontrado que la mayoría de las alcaldías en Bolivia no tiene los reglamentos sancionatorios para los locales públicos, ni siquiera las ciudades más grandes de Bolivia”.
En esas circunstancias, refirió, se hizo un trabajo técnico junto para crear reglamentos municipales para proteger a los ciudadanos de cualquier hecho de discriminación que pueda haber en los locales, restaurantes, bares, etc. “y lo propio se está haciendo con los medios de comunicación con la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), actualizando los reglamentos, para que sean más eficientes en el ejercicio de sus responsabilidades que tienen como Estado que es proteger a la sociedad”.
