Un proyecto de ley busca que los beneficiarios tengan una jubilación digna y se retiren del mercado laboral. La medida no es obligatoria para los que tienen menos de 10 años de aportes
El 89% de los trabajadores con 65 años o más afiliados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) puede estar expuesto a una jubilación “forzada”, de aprobarse el proyecto de ley de modificaciones a la Ley 065 de Pensiones que impulsa el Gobierno. Los más afectados serán el magisterio, los sectores público y de salud, y las universidades. El Gobierno informó que la medida no es obligatoria para quienes tienen menos de 10 años de aportes.
La propuesta legal enviada por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa establece en su disposición adicional única que, para “coadyuvar con la preservación de la salud y el bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más y cumplan requisitos (…) se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o una pensión solidaria de vejez”.
Esta medida causó alarma y rechazo en diferentes sectores.
“La jubilación es voluntaria” y lo contrario “es ir contra la ley. De efectivizarse” esta norma, “sería una especie de masacre blanca, porque miles de maestros quedarían cesantes, perjudicados en su vida cotidiana”, afirmó José Luis Álvarez, ejecutivo de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz.
“Según la Constitución, no hay una edad para jubilarse. Ahora, ya se ha colocado” el plazo, dijo Mario Segundo, ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia.
Al respecto, el Viceministerio de Pensiones informó que esta medida impulsa el ejercicio del derecho a la jubilación y “no tiene un carácter obligatorio para aquellas personas que tienen menos de 10 años de aportes” al SIP.
El proyecto normativo “se adecua a lo establecido en la Constitución y a convenios y tratados internacionales, los cuales establecen la protección a los trabajadores ante consecuencias de vejez y/o incapacidad que los imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa en su etapa adulta mayor”, explicó.
Según información oficial, a diciembre de 2022, los asegurados al SIP con 65 años o más edad que continúan trabajando suman 9.272 personas. De este grupo, el 89% (8.270) cumplen con los requisitos de acceso a una pensión solidaria de vejez, es decir que cuentan con la edad requerida (más de 58 años) y con al menos 120 aportes (10 años o más). El 48% de ellos está en el sector de educación, el 20% en la administración pública, el 8% en gobiernos municipales y el 7% en universidades estatales.
Asimismo, de ese total, el 70% que sigue bajo relación de dependencia cumple los requisitos para la jubilación, siendo el 48% del magisterio (4.400 trabajadores) y el 0,7% fabriles (67 asegurados).
David Villarreal, especialista en seguridad social, indicó que otros perjudicados serán los trabajadores del sector salud.
“La jubilación cuando uno quiera es un derecho”. Jubilarse a los 65 años es “discriminatorio” y “una imposición”. Por lo tanto, “declaramos movilizaciones y a esta clase política enemiga de los trabajadores”, sostuvo Roberth Hurtado, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, un sector en el que entre un 20 y un 30% de los trabajadores son mayores de 65 años.
Continuidad laboral
Los profesores de 65 años o más que siguen trabajando y cumplen requisitos de jubilación no lo hacen por “las rentas miserables” que recibirían. “En consecuencia, prefieren morir trabajando antes que jubilarse”, expresó Álvarez.
“La mayoría de los trabajadores se jubila con el 25 o 30% de lo que recibe”, lo que “ha ido formando una población adulto mayor empobrecida”. Con este proyecto de ley, “vamos a tener dentro de muy poco muchísima más gente empobrecida”, consideró Villarreal.
“Esas personas tienen una serie de obligaciones en sus familias, como pago de préstamos o todavía hijos en la universidad. Una persona que gana Bs 15.000 de la noche a la mañana recibirá Bs 2.500 o 3.000 y no podrá solucionar sus obligaciones. No se están poniendo a pensar en eso”, agregó.
Un estudio a 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que en Bolivia el 55% de los mayores de 65 años todavía trabaja y que el solo el 11,1% de ellos tiene un empleo formal.
De acuerdo con Álvarez, un maestro puede jubilarse hasta con Bs 5.200 por 35 años de servicio, pero en promedio los educadores reciben entre Bs 3.500 y 4.000 por más de 30 años de aportes.
Ese monto, no obstante, es insuficiente frente a la creciente inflación y a los mayores gastos que los adultos mayores tienen, principalmente en salud, apuntó.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, “se evidenciaron casos en los que el resultado de la continuidad laboral de trabajadores mayores de 65 años repercute en la calidad de servicio que presta el trabajador”.
Es por ello que estos asegurados, “para su continuidad laboral, a solicitud expresa” de ellos mismos “podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional”.
Sin embargo, se aclara que no es necesario que hagan este examen “autoridades electas, designadas y de libre nombramiento” que tengan 65 años de edad.
“El argumento que tienen para justificar la obligatoriedad es que ha disminuido la capacidad física y mental de las personas”, ¿pero “estas otras personas de 65 años o más por ser electas, por ser designadas, por ser de libre nombramiento no tienen desgaste físico o mental? Es algo absurdo”, cuestionó Villarreal.
Esta excepción “raya en lo discriminatorio”, coincidió el investigador laboral Bruno Rojas.
Sobre el punto, el Viceministerio de Pensiones sostuvo que, en el marco de la Constitución, “todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político (…), por lo que pueden ser electos mediante voto popular”.
Este derecho político, indicó, “se suspende solo en casos de previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida”. Además, la probabilidad de que estas autoridades electas o designadas puedan seguir en el cargo y prolongar su carrera administrativa o laboral “es sumamente baja”.
Para el Gobierno, la implementación de esta nueva norma “abre la posibilidad de nuevas fuentes laborales, para la inserción de nuevas generaciones y de esta manera reducir el nivel de desempleo que existe en el país”.
La medida, según Villarreal, solo “va a ir disimulando” las cifras del desempleo. “No están generando fuentes de empleo”, si no que “una parte de los desempleados van a ocupar esos puestos” que dejarán los de 65 años o más”.
“El desempleo es un problema estructural que demanda otro tipo de medidas para afrontarlo?”, remarcó Rojas. “El despido masivo de trabajadores que podría darse con la jubilación obligatoria causaría mayor desocupación y mayor desprotección, en caso de que los jubilados se vean obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos que casi solo podrían encontrar en el sector informal”, explicó.
El proyecto de ley espera su tratamiento en el Legislativo.
Hurtado anticipó “un paro” sectorial, en tanto Álvarez anunció “movilizaciones nacionales”.
