Malasia derogó desde este martes la pena de muerte obligatoria, hasta ahora impuesta sin alternativa para delitos como narcotráfico y terrorismo, mientras activistas urgen a iniciar el proceso para la revisión de sentencias ya dictadas.
El Parlamento malasio aprobó en abril una reforma del Código Penal que entró en vigor a partir de hoy y que impone penas de hasta 40 años de cárcel para los delitos que antes eran castigados de manera imperativa con la horca.
A pesar de la reforma, que abre el camino hacia una hipotética abolición completa, los jueces todavía podrán imponer la pena de muerte en casos que así lo decidan.
Amnistía Internacional (AI) aplaudió este martes el cambio normativo que calificó como «un paso adelante hacia la completa abolición de la pena capital».
Aunque recordó que todavía están a la «espera» de que el ministro de Justicia, Saifuddin Nasution Ismail, anuncie la fecha para el inicio de «revisión» de las sentencias a más de mil presos condenados a la pena capital.
«Instamos al Gobierno de Malasia a garantizar que haya absoluta claridad sobre el proceso de revisión de sentencias y cómo los jueces ejercerán su discreción», urgió AI en sus redes sociales al pedir «garantías» para procesos justos y «recursos» para que los condenados puedan reclamar la revisión.
Malasia aplica desde 2018 una moratoria a las ejecuciones, si bien se continuaron imponiendo condenas a muerte de manera obligatoria para once delitos, entre ellos narcotráfico, asesinato, terrorismo, secuestro o posesión de armas.
En mayo de 2019, los tres hermanos mexicanos Simón, Luis Alfonso y José Regino González Villarreal, originarios del estado de Sinaloa, fueron indultados y extraditados a México tras pasar 7 años en el corredor de la muerte de ese país por narcotráfico.
Además, el boliviano Víctor Parada Vargas, detenido por tráfico de drogas en 2013 en Malasia y condenado a la pena capital cinco años más tarde, también fue indultado y regresó a su país en 2019.
