Según el reporte, 560 mujeres, de las 1.730 reclusas distribuidas en las cárceles de Bolivia, presentaron denuncias por al menos cuatro principales razones.

Primero, expone el documento, “garantías del debido proceso y acceso a la justicia, es decir, incumplimiento de plazos procesales, ausencia de servicios de patrocinio gratuitos, privación al derecho de personas privadas de libertad a ser oídas por autoridad competente, entre otros”.

El segundo motivo es el derecho a la salud, o sea, “privación o restricción al derecho a atención básica o de urgencia, falta de registro de la dolencia o enfermedades que requiere la persona privada de libertad al momento de ingreso, entre otros”.

Vulneración

Otra de las vulneraciones identificadas por la Defensoría es la “petición, pues existe una falta de respuesta a sus solicitudes, privación del acceso a presentar su queja, entre otros puntos”.

Finalmente, la causa más recurrente de los reclamos de las reclusas tiene que ver con el derecho a recibir visitas. Eso es “negar el derecho a recibir visitas (dos veces a la semana, todos los domingos y los días feriados, sin más restricciones que las relativas al horario, orden y seguridad previstas en el reglamento interno del establecimiento); y someter la visita a maltrato por el personal de seguridad”, explica.

“Durante la gestión 2022 y parte de 2023 (a mayo), la Defensoría del Pueblo atendió 560 denuncias por presuntas vulneraciones derechos de mujeres privadas de libertad, estas denuncias fueron atendidas”, señala el documento.

Asimismo, la oficina estatal tiene establecido un protocolo para la atención de las denuncias de las reclusas; para eso, se trabajó en tres procedimientos.

El primero, es de investigación formal, cuando se advierte en la denuncia la vulneración de derechos por alguna autoridad pública.

“En estos casos la intervención defensorial busca la restitución del derecho o el cese de la vulneración”.

Derechos

Con ese procedimiento se atendieron 397 quejas, en las que se denunció la vulneración de derechos con el siguiente detalle: garantías del debido proceso y acceso a la justicia, 173 quejas; derecho a la salud, 32; integridad personal, 29; petición y respuesta, 26; derecho a recibir visitas, 17.

El otro procedimiento de atención a denuncias por vulneración de derechos es “vía gestión defensorial”. En esta modalidad “se gestionan acciones para una atención adecuada ante las instancias competentes”. En ese sentido, la Defensoría atendió 80 denuncias de mujeres privadas de libertad.

Por garantías del debido proceso y acceso a la justicia se atendieron 55 casos; derecho a la salud, ocho; por derecho a la identidad, cinco casos; derecho a la seguridad social, tres, entre otros.

La última de las vías es la orientación defensorial, que se activa cuando “se identifica la vulneración de derechos y la mujer privada de libertad realiza algunas consultas legales. En estos casos se brinda información jurídica necesaria para el caso concreto y las sugerencias de acciones que puede realizar la persona privada de libertad para solucionar su problema”, apunta el documento.

Por esa vía, se atendieron 83 casos. Los relacionados con garantías del debido proceso sumaron 51; por petición y respuestas, cuatro; propiedad individual o patrimonial, cuatro, y por a la información pública, cuatro.

“Las mujeres privadas de libertad en los diferentes recintos penitenciarios del país pueden presentar y presentaron ante la Defensoría del Pueblo dos o más denuncias sobre las vulneraciones de sus derechos”, aclara el documento de la Defensoría del Pueblo.

Como se puede observar en el cuadro, las garantías del debido proceso es el derecho que, según las privadas de libertad, fue el más vulnerado entre 2022 y mayo de 2023. A esos reclamos le sigue el derecho a la salud.

Dato

Cuando la entidad estatal recibe una denuncia, individual o colectiva, reza el documento, de oficio o por derivación de cualquier unidad sustantiva de la Defensoría del Puebl, se abre el caso en cualquiera de las 18 oficinas de la entidad instaladas en todo el país.

“Si se verifica algún hecho de tortura o malos tratos, el caso se deriva a la Coordinación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)”, señala el texto de la institución.

Esa entidad realiza visitas periódicas en las 12 cárceles del país; tres en Potosí, dos en La Paz y Cochabamba, una en Santa Cruz, en Oruro, en Pando, en Chuquisaca, y Tarija. Cumple con la misma tarea en las cárceles de varones.

Hasta mayo de este año, están privadas de libertad 1.730 mujeres, por varias causas. Un informe actualizado, proporcionado por el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, da cuenta de que 628 de ellas tienen sentencia y otras 1.102 están detenidas de manera preventiva, o sea, sin sentencia.

Un hecho llamativo de esa actualización tiene que ver con los niños que viven con sus madres en los 12 recintos penitenciarios para mujeres. En abril de este año, el reporte mostraba que 122 menores de seis años, edad hasta la que las niñas y niños pueden permanecer en esos recintos, habitaban en esos centros, pero en mayo se reportó 120.

Un cuadro proporcionado por ese despacho muestra que los menores de entre 0 a 11 meses, llegaron a 48; de entre uno y dos años, 29 y, finalmente, los niños comprendidos entre tres y seis años sumaron 43.

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