Esas declaraciones surgieron en su alocución en el acto de inauguración del XXXVII Jach’a Mara Tantachawi de la Nación Suyo Jach’a Karangas, reunión inaugurada ayer en Corque, Oruro.

“Todavía persisten, para el gobierno nacional, esas acciones desestabilizadoras de nuestro gobierno. Hemos visto cómo (los sectores de oposición) actuaron en 2019, cómo actuaron en 2021 y cómo actuaron el 2022”, dijo.

Organizaciones indígenas

Ayllus y markas de Jach’a Carangas, que agrupa a municipios aymaras de Oruro, arroparon ayer al gobierno de Arce con arengas para el mandatario y el denominado “proceso de cambio”.

En ese mismo acto, el jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Ramiro Cucho, reivindicó la administración del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca como “el gobierno del pueblo”.

“Los pueblos originarios vamos a garantizar la gestión de nuestro hermano presidente, que ha sido electo democráticamente por el pueblo”, afirmó.

Arce y Choquehuanca participaron del encuentro, al que asistieron autoridades originarias de las distintas markas de Oruro.

En el acto, Arce también se refirió a la propuesta del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de reforma de la Constitución con una serie de medidas, entre ellas, la más polémica, el retorno al modelo de la república.

Propuesta

Además, propuso que el Presidente sea elegido por diputados y senadores, como un “primer ministro”, a sugerencia del mandatario, que la sede presidencial sea la capital del Estado, Sucre.

Otra propuesta es reconocer la personería jurídica de las 36 organizaciones indígenas, pero no su condición de naciones.

En respuesta, Arce recordó que Sánchez de Lozada es un prófugo de la justicia y que “tiene una deuda con los bolivianos”, pues es acusado de haber propiciado la muerte de al menos 69 personas en la denominada Guerra del Gas. Ese suceso ocurrió en octubre de 2003.

De manera recurrente, las autoridades del Gobierno denuncian afanes desestabilizadores. Así es conocido lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2022, el paro de 36 días en Santa Cruz.

Entonces, el Comité pro Santa Cruz, que estaba liderado por Rómulo Calvo, exigió al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023; sin embargo, terminó aceptando que la encuesta nacional se realice el 23 de marzo de 2024.

La medida se vio empañada por cuatro muertes, quema de sedes sociales, violencia y represalias contra quienes no se avenían a las movilizaciones cívicas.

Según datos del Gobierno, las bloqueos y paralización de actividades derivó en una pérdida de  al menos $us 1.296 millones.

El más reciente “intento de desestabilización”, también tuvo sede en Santa Cruz, pero en esta ocasión en demanda de la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, aprehendido el 28 de diciembre del año pasado. Ese día, la Policía ejecutó un operativo inusual que generó protestas y la quema de una treintena de edificios públicos y privados.

En otras ocasiones, Arce denunció también afanes de desestabilización desde el mismo seno del partido de gobierno.