Claudia Cortez reveló que ella y el exministro Juan Santos Cruz acudieron a la oficina del dirigente para entregar $us 10.000 y Bs 30.000. Esto, como ‘la parte’ de las coimas recibidas. Dijo que fue testigo de al menos 15 entregas de ese tipo
La exfuncionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Claudia Cortez reveló, en su declaración en la Fiscalía, que el secretario ejecutivo de una organización social campesina, afín al Gobierno, recibió $us 10.000 de parte del exministro Juan Santos Cruz. La exautoridad se encuentra detenido preventivamente acusado de cobrar coimas a empresas para la adjudicación de obras públicas.
En su testimonio, Cortez relató que ella, junto con el exministro Juan Santos Cruz, acudieron al despacho del dirigente integrante del Pacto de Unidad y le entregaron $us 10.000 y Bs 30.000 en efectivo. Este medio no revela el nombre del dirigente porque no pudo conseguir contraparte, pese a que se insistió en contactarlo.
En la declaración de Cortez ante la Fiscalía se lee: “El dirigente tuvo participación en la gestión de un contrato y la visita está relacionada al pago correspondiente a su parte del botín de la coima recibida por el mismo”. La testigo señaló que participó en al menos 15 entregas con este tipo de pagos.
La información fue proporcionada por una fuente cercana a la investigación de la Fiscalía. Este medio pudo conocer una parte de la declaración de la exfuncionaria que es investigada como coautora y que solicitó acogerse al programa de colaborador eficaz tras desvelar que el exministro Juan Santos, actualmente encarcelado, recibió sobornos para adjudicar obras.
En una declaración de ocho horas,
Claudia Cortez reveló que una organización delictiva que va más allá del exministro Cruz y que llega a actuales funcionarios, exfuncionarios y personas particulares operó desde esa repartición estatal para sacar coimas a las empresas que eran contratadas.
Sin embargo, tanto desde la Fiscalía, como Abel Loma, el abogado de la señora Cortez, coincidieron en que por una estrategia investigativa no se revelará nombres de las personas implicadas para resguardar la investigación.
Empero, Loma señaló que las investigaciones están retrasadas. De hecho, hasta el momento no se realizó la inspección a la polémica oficina del piso 18 de la Casa Grande del Pueblo, que supuestamente se usó como “cuartel de operaciones” para el cobro de coimas.
“La comisión de fiscales debe ponerse a trabajar de forma urgente. No queremos que se vuelva a apelar a falta de elementos probatorios y que de aquí a un tiempo el exministro Santos Cruz salga de prisión, campante con una resolución de sobreseimiento como inocente y que Claudia Cortez estaba loca”, manifestó.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que en un plazo menor a seis meses se podrá llegar a una acusación dentro de la investigación en este caso por lo avanzada que se encuentra.
“No creo que tomemos los seis meses del procedimiento penal, sino en tiempo menor, porque la mayor parte de la prueba está siendo identificada y colectada para fundamentar una acusación”, afirmó en encuentro con los medios.
Lima sostuvo que la testigo hizo referencia a las transferencias bancarias que se hicieron y una serie de elementos que deben ser evaluados y corroborados por la Fiscalía para el desarrollo de la investigación donde el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, es el principal implicado.
“(Claudia Cortez) está haciendo una solicitud de colaboración eficaz y también está solicitando ser una testigo protegida, esas determinaciones son judiciales y fiscales y están a objeto de evaluación, todavía no se ha tomado una determinación”, añadió, según el reporte de la Red Erbol.
Fue perseguida
El abogado Loma denunció que su cliente fue amenazada la semana pasada por un desconocido que con gorra y barbijo la abordó en la avenida Arce, de La Paz, y la amenazó de muerte.
Este medio le recordó del caso del testigo protegido del caso por la presunta coima de $us 9 millones en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) supuestamente pagados por la empresa china Chec para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez. Esta persona apareció muerta en un hotel de Miami, Estados Unidos.
También sobre el caso del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, quien supuestamente se suicidó pese a que circula información de que había descubierto algo muy grave y la investigación lleva a abrir la posibilidad de que fue asesinado.
Loma aseguró que su defendida teme por su vida. “No confiamos en la justicia. El miércoles, aproximadamente a las 21:00, en inmediaciones del Multicine de Sopocachi, avenida Arce, un sujeto de contextura gruesa y ropa oscura se le acercó amenazante y le indicó que no declare, que no proporcione más información, porque su vida corre peligro”.
La defensa lamentó que no se pudieron conseguir imágenes de cámaras de seguridad de la zona, y que está en proceso de identificación el vehículo al que se subió esta persona. Ella entró en un estado de shock, no quiere salir ni ir a ningún lado sola. Como no tenemos la posibilidad de contratar seguridad personal y no se atendieron las solicitudes de proporcionarle seguridad por parte del Gobierno, la Policía o la Fiscalía es que su hijo y su sobrino no se mueven de su lado para cuidarla”, afirmó.
Un grupo de parlamentarios del ala “evista” denunció este miércoles que sufren amedrentamiento y hostigamiento de parte del Gobierno, por lo que anunciaron acciones a nivel internacional y lanzaron el slogan “Yo no me quiero suicidar”.
El diputado Anyelo Céspedes dijo que recibe llamadas de amedrentamiento y que vehículos rondan su domicilio. Además, acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, de planear denuncias penales en su contra.
Señaló que su colega Ramiro Venegas atraviesa una situación similar, incluso ya tiene procesos en su contra. “Por eso nuestro slogan es ‘yo no me quiero suicidar’.
“Estamos viendo cómo se están suicidando, cómo están matando a los testigos protegidos y vamos a acudir a la comunidad internacional porque en Bolivia no existe derecho ni justicia que nos ampare”, afirmó el diputado.
Según Céspedes, estos amedrentamientos surgen por los hechos de corrupción que ha denunciado en el Gobierno. Dijo que los parlamentarios acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
