La mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante un acto interpelatorio sobre el envío de policías al departamento de Santa Cruz durante el paro de 36 días.
El vicepresidente David Choquehuanca presidió la sesión en la que Del Castillo respondió 19 preguntas del acto interpelatorio planteado por los legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar, Lissa Claros y Miguel Roca.
Del Castillo afirmó en el acto de fiscalización que el paro de 36 días en Santa Cruz fue un “error político” de los dirigentes cívicos y de la Gobernación, porque el Gobierno en todo momento estuvo abierto a dialogar sobre la base de elementos técnicos y no políticos.
El exdirigente cívico Rómulo Calvo y el encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho llevaron al paro cívico exigiendo un censo en 2023. El Gobierno rechazó la propuesta por carecer de un sustento técnico y planteó que una comisión técnica defina la fecha del censo que, finalmente, fue aceptada por los movilizados tras 36 días de paro.
Durante las jornadas de protesta en los 36 días de paro los policías fueron desplazados, explicó, para evitar enfrentamientos y violencia de grupos de choque articulados por la estatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Cuatro muertos, violencia contra opositores al paro y saqueo y quema de sedes sociales de los campesinos y de la Central Obrera Departamental marcaron la extrema medida de presión que generó pérdidas por más de $us 1.200 millones.
La mayoría de los diputados y senadores aprobó el informe del ministro y descartó la censura.
