Al menos 3 mil hectáreas de tierras productivas en los valles de Cochabamba están en riesgo y en la mira de avasalladores. El crecimiento de urbanizaciones clandestinas en predios invadidos por loteadores atenta contra la seguridad alimentaria, según el representante del Comité de Defensa de Tierras Avasalladas, José Luis Terán.
Informó que, a la fecha como comité, se hace seguimiento a 15 casos de avasallamientos de tierras, de las que casi la totalidad estaban destinadas a la producción de forraje para ganado lechero, verduras, frutas y hortalizas.
Señaló que la mayoría de los predios cuenta con medidas precautorias que restringen la construcción de viviendas y el fraccionamiento de lotes, pero estas no se cumplen pese a los reclamos.
“Estamos con casos de Sacaba, Albarrancho, Tajra en Tarata, Quillacollo, Vinto, en Arbieto, estamos viendo lo de la granja de la familia Canelas, en Villa Copacabana que está en Tolata y otros”, detalló.
Terán mencionó que detrás de los avasallamientos, que derivan en el tráfico de tierras, están familias, abogados, dirigentes, exdirigentes y grupos de personas particulares que se organizan para cometer ilícitos.
“Se están afectando unas 3 mil hectáreas de tierras agrícolas al convertirlas en urbanizaciones clandestinas. Esto afecta al tema productivo, porque, por ejemplo, en el caso de Villa Copacabana, que era un centro productivo de tuna, se ha destruido todo y en este momento ya no hay nada”, puntualizó.
El representante remarcó que el sector lechero también es uno de los más perjudicados, debido a que los asentamientos irregulares obligan a los productores a reducir la cantidad de ganado por la falta de forraje.
“Lo que pasó con la hacienda de los Canelas es un claro ejemplo. Los avasallamientos afectaron al ganado lechero, los dueños incluso tenían cabras y ovejas, pero han desaparecido por este problema”, aseveró.
Sobre este tema, el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, dijo que para frenar este problema se requiere más esfuerzo gubernamental, del Ministerio Público, de las autoridades judiciales y de la Policía para la ejecución de las sentencias.
“Los avasallamientos están reduciendo las tierras productivas y eso daña a la producción de alimentos y a la economía”, recalcó.
Morales agregó que la CAC recibió al menos 90 denuncias y se detectó que la mayoría de las víctimas son del valle alto y bajo. Entre los sectores productivos perjudicados figuran las granjas lecheras, avicultores, porcinocultores y productores de verduras.
Comentó que la invasión a tierras, que se utilizaban para la alimentación de ganado lechero, en tres granjas de Capinota, preocupa, porque se vulnera, incluso, el derecho al trabajo.
El secretario general de la Gobernación, José de la Fuente, aclaró que desde la institución se trabaja para proteger los enclaves agrícolas, pero no interviene directamente en casos particulares de avasallamientos.
Capinota: paralizan el saneamiento
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) paralizó el saneamiento iniciado por la familia Cristi ,en el municipio de Capinota, tras una reunión con todas las partes involucradas en el conflicto, de acuerdo a un acta.
Ante las denuncias de la toma de tierras que afectan a tres granjas, desde el INRA indicaron que el lío de fondo es la afiliación de una familia a la comunidad de Sarco Cuchu.
