Luego del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que ordena a Bolivia pagar 105 millones de euros al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por las demoras ocasionadas en la nacionalización del sistema de pensiones, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que el Gobierno pedirá su anulación.
La autoridad remarcó que cualquier declaración que salga del Ejecutivo, puede afectar en el proceso arbitral. Sin embargo rechazó la opinión de algunos analistas que sostienen que la decisión “es irreversible”.
“Como ustedes han visto el comunicado que se ha emitido, se van a tomar las acciones en el tema de la defensa, y a partir de ello, es que se va a pedir la anulación. No es que no existan más procesos, eso se comunicará de manera oficial desde el Ejecutivo, queremos ser muy cuidados y responsables porque estamos en un proceso internacional”, sostuvo Alcón en contacto con los periodistas.
«Vamos a referirnos de manera oportuna, puede afectar en la decisión, estamos en medio de un proceso y se comunicará en su momento», acotó.
Según la Viceministra de Comunicación, las nacionalizaciones tuvieron efectos positivos. Indicó que desde el 2006 a la fecha, se generaron 42.800 millones de renta petrolera que se quedó en Bolivia.
El 17 de julio, a través de un comunicado, el Gobierno manifestó que Bolivia, asumirá acciones de defensa ante el laudo pronunciamiento por el tribunal arbitral del CIADI.
“El Estado sí va a continuar con su defensa, como lo ha manifestado el comunicado, para que se pueda tomar nuestros argumentos y las pruebas presentadas,” manifestó en aquella ocasión el vocero presidencial, Jorge Richter.
