El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló este martes que el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho contaba con un equipo de seguridad de 45 personas, entre ellos expolicías capacitados en Estados Unidos e Israel, cuando fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022.
“Se verificó que contaba con un equipo de seguridad personal de aproximadamente 45 personas, algunas con entrenamiento militar y con autorizaciones de porte de armas de fuego”, afirmó durante la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), justamente, por la aprehensión de Camacho por el caso Golpe de Estado I en 2019
De acuerdo con Del Castillo, el equipo de Camacho operaba en dos anillos de seguridad, uno conformado por ocho personas y el segundo por 37.
Se transportaban y desplazaban en caravanas de seguridad de tres a seis vehículos de alta gama y cilindrada, todos con vidrios obscuros que no permitían visibilizar cuántas personas se encontraban en el interior o si tenían armas, objetos contundentes u otros utilizados para repeler alguna acción, explicó.
En ese equipo de seguridad, que incluso superaría el de un alto mandatario de Estado, hay personas que tenía “instrucción policial, gente que había sido entrenada en Israel, personal capacitado en Sawt y probablemente en la CIA, peleadores profesionales y otros que precautelaban la seguridad e integridad del señor Camacho”, reveló.
De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, detallado por el ministro en la interpelación, incluso los choferes de la caravana de vehículos formaban parte de la seguridad y estaban armados.
Entre los integrantes estaban, de acuerdo con Del Castillo, Diego Taboada Suárez, exmiembro de las Fuerzas Armadas, quien tiene entrenamiento militar especializados; José David Montaño Méndez, especialista en artes marciales y formado para proteger a altos dignatarios en cursos dictados en Israel.
A ellos se suma Juan Carlos García Rubí, quien cuenta con cursos de seguridad de dignatarios, ese día contaba con bastones plegables, gases y armas de fuego; Luis Carlos Aguilera Vargas tiene entrenamiento en seguridad de dignatarios, al igual que Carlos Soto y Sergio Eloy Choque Quenta.
“Gonzalo Taborga Vargas, (conocido como) el señor Alanes, es un exmiembro de la Policía Boliviana, un policía en servicio pasivo con destrezas en manejo de armas de fuego, entrenamiento en curso Swat en Estados Unidos y entrenamiento en operaciones especiales y tácticas avanzadas de combate. Estoy citando solo a siete personas de todo el equipo de seguridad que tenía este sujeto”, refirió Del Castillo.
Reveló, además, que varias integrantes de este equipo tienen cargos al interior de la Gobernación de Santa Cruz. De hecho, mencionó a una persona de apellido Fontanilla, uno de los integrantes del equipo de seguridad, que aparentemente acompañaba al hijo de Camacho (Luis Fernando Camacho Parda), quien acudió a la sesión de interpelación en la Asamblea.
“De estas personas, algunos ejercían y ejercen cargos en la Gobernación como funcionarios que nos acompañan (hoy), le mando un saludo al compañero Fontanilla que está acá arriba (Hemiciclo), no sé quién les paga los pasajes a los funcionarios de la Gobernación para que vengan a filmarnos, sin embargo, no se encontró su declaración jurada, lo que nos debe llamar la atención sobre su relación contractual con el estado”, cuestionó el ministro.
Así Del Castillo expuso al “equipo de seguridad, bastante extenso, que tenía Camacho” en el día de su aprehensión, el 28 de diciembre de 2022, luego de negarse -recordó- a acudir a las citaciones del Ministerio Publico para dar sus declaraciones en el proceso denominado Golpe de Estado I, activado en diciembre de 2020 para establecer responsabilidades por la crisis y el golpe de Estado contra el gobierno del expresidente Evo Morales.
Al alegar que la Policía Boliviana solo cumplió con la normativa y la orden emitida por la Fiscalía, afirmó que la orden de aprehensión en contra de Camacho fue emitida en octubre de 2022, porque el gobernador no acudió a dar sus declaraciones, pese a que dijo que lo haría.
También reveló que el también excívico cruceño, cargo desde el que alentó la protesta que acabó con la interrupción democrática, registro seis armas en el registro nacional desde el 2020.
De acuerdo con Del Castillo, la primera pistola que registro fue un calibre 22 en la gestión del ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien está preso en Estados Unidos por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
Al responder a las once preguntas de la interpelación, Del Castillo insistió en que se cumplió la normativa y que a Camacho no se le vulneró ningún derecho humano, porque fue notificado con su orden de aprehensión en el mismo operativo, la tarde del 28 de diciembre.
A la par, acusó a Camacho de financiar el golpe de Estado de 2019, como él mismo confesó en diciembre de 2019 al asegurar que su padre fue quien “cerró” con los policías y militares-, sino también las protestas en contra del gobierno desde el referendo de 2016 en contra de la reforma de la Constitución por la reelección indefinida.
Basó su acusación en las declaraciones realizadas por Camacho a Unitel, donde confesó que dio dinero a gente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que fue procesada y condenada años después por el incendio y destrucción del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz en octubre de 2019.