Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos cuestionaron hoy la modificación de una ley en Perú para sancionar con fuertes multas el alquiler de viviendas a inmigrantes irregulares y señalaron que la vivienda es «un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria».
«Las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad», señalaron en una declaración conjunta difundida en Ginebra el relator sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal; y el experto en derechos de los migrantes, Felipe González Morales.
Señalaron que se estima que en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia y que muchas de ellas se quedarían sin hogar si se multa a los propietarios que les proporcionan alojamiento.
«Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación», opinaron.
Señalaron que la medida también afectará a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos que obtienen por esos alquileres.
Los expertos recordaron que ya el año pasado habían advertido de que esa reforma legislativa no se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos.
«Instamos al Tribunal Constitucional de Perú a que garantice que en el país se respeta el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, sin discriminación alguna», dijeron los expertos.
