Denuncia de violación contra el gobernador de La Paz fue desestimada por la Fiscalía

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El gobernador de La Paz, Santos Quispe, declaró en la Fiscalía por una acusación de violación a una exfuncionaria; sin embargo, la Fiscalía desestimó la denuncia.

Tras su declaración informativa, la Fiscalía determinó liberar al gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe y desestimó la denuncia de violación en su contra.

Ante esta determinación, la defensa de la denunciante señaló que el Ministerio Público no halló elementos suficientes para iniciar una investigación; sin embargo, indicaron que volverán a presentar otra querella.

Tras cuatro horas de declaración informativa, el gobernador salió de la Fiscalía de El Alto y se abstuvo de hablar con los medios de comunicación. A estas oficinas del Ministerio Público también se hicieron presentes algunos sectores sociales afines a la autoridad.

Se trata de una joven mujer que argumentó ser la expareja sentimental de Santos Quispe y que tras un año y medio de relación, la denunciante sufrió hechos de violencia y fue obligada a sostener relaciones íntimas en el despacho de la autoridad.

La joven mujer contó que en varias oportunidades, Santos Quispe aprovechaba su condición de autoridad para obligarla a sostener relaciones sexuales a costa de golpes y amenazas de despido.

La mujer contó que estos hechos se desarrollaban en el departamento donde aparentemente convivían y en el propio despacho de la autoridad.

Además, la víctima asegura que funcionarios de confianza del gobernador Quispe le ofrecieron la suma de 300 mil bolivianos y cuatro ítems para que sean designados por la mujer y así desestimar de la querella.

En menos de año y medio, Santos Quispe nuevamente compadeció ante un fiscal y esta vez lo hizo por una denuncia de violación contra una exfuncionaria de la gobernación.

En febrero de 2022, la autoridad paceña fue aprehendida por el presunto consumo de bebidas alcohólicas en su despacho. En esa oportunidad, fue investigado por el delito penal de uso indebido de bienes del Estado; sin embargo, la justicia determinó su arresto domiciliario con derecho a trabajo.


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