Los casos de violencia más fuertes por el narcotráfico ocurrieron en las comunidades San Fermín y Cocos Lanza, donde existen cultivos de coca, incluso se halló pozas de maceración.
Las plantaciones de coca ilegal, que responden a las demandas del narcotráfico, en siete años duplicaron superficies de cultivo en las Áreas Protegidas y trajeron mayor presencia de instalaciones de fábricas y laboratorios de cristalización de droga. A esta actividad ilícita se suma el aumento de la minería ilegal, con la contaminación de suelos y ríos, el tráfico de vida silvestre, deforestación, avasallamiento de comunidades indígenas y el consecuente aumento de la violencia.
La presencia del Estado es mínima con los guardaparques -uno para 619 km2- y mucho menos con efectivos antidroga que carecen de una base en estos lugares y también de la confianza de los pobladores debido a que las denuncias que hacían conocer a los policías se filtraban a los narcotraficantes.
“Es bastante preocupante este asunto del narcotráfico que cada vez es más evidente y que está penetrando las Áreas Protegidas de carácter nacional, sabiendo que muchas de estas áreas están sobrepuestas a territorios indígenas, sobre todo en el Norte del departamento de La Paz, en el Parque Nacional Madidi”, dijo a ANF Alex Villca, secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni Tuichi y Quiquibey.
En abril, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer que 72 operativos contra el narcotráfico se desarrollaron entre las gestiones 2021 y 2022 en áreas protegidas del país con la destrucción de 57 fábricas de cocaína y 15 laboratorios de cristalización.
La fuerza antinarcóticos intervino desde Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) hasta riberas o inmediaciones de ríos en comunidades como Monte Sinaí, Santa Elena, Galilea y La Misión, río Isiboro y Chapare en la provincia Chapare (Cochabamba); el Parque Noel Kempff Mercado en Santa Cruz; la Reserva Silvestre Cabo Juan en Tarija; y, río Isiboro en Beni.
Del Castillo reveló además que los parques nacionales son utilizados por los narcotraficantes para instalar laboratorios de refinación de cocaína, y que el Gobierno logró identificar al menos 300 pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas.
Villca indicó que en otros países este tipo de actividades ha ido violentando los derechos de los pueblos indígenas, causando mucha zozobra e incluso desplazamientos por el temor que infunden y la violencia que causan, con el propósito de favorecer a grandes intereses económicos y políticos, por lo que las comunidades indígenas en Bolivia están alertas ante el avance del narcotráfico y demás operaciones ilícitas.
