“Nos han pedido las victimas que se pueda presentar ampliaciones a ese proceso contra Añez y su gabinete y eso se va a presentar en los próximos días (…) Las víctimas han hecho una solicitud expresa y estamos trabajando con ella para hacer la ampliación de denuncia en esos dos casos”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.
En conferencia de prensa, Lima afirmó que la preocupación central del Gobierno es encontrar justicia por las masacres del 2019 – calificadas así por el GIEI de la CIDH- y, en ese sentido, a pedido de las víctimas, se ampliará la denuncia para que también se juzgue en la vía ordinaria a Añez y sus asesores.
“Nuestra preocupación principal, a la que damos mayor importancia son los casos que tienen que ver con el informe GIEI, masacres sangrientas en el país, Sacaba y Senkata. Los dos casos están cerca de las acusaciones”, aseveró.
En ese sentido, afirmó que a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) se trabaja con las víctimas de las masacres para presentar la ampliación de las denuncias.
“Nos han pedido las victimas que se pueda presentar ampliaciones a ese proceso contra Añez y su gabinete y eso se va a presentar en los próximos días (…) Las víctimas han hecho una solicitud expresa y estamos trabajando con ella para hacer la ampliación de denuncia en esos dos casos”, acotó la autoridad.
A momento, el Ministerio de Justicia presentó una proposición acusatoria para que Añez sea juzgada por juicio de responsabilidades por las masacres del 2019.
Sin embargo, ayer una resolución de la Sala Constitucional allanó el camino para que Añez pueda ser juzgada por la vía ordinaria por acciones y presuntos delitos ocurridos en su corto mandato presidencial.
Lima, sobre ese tema, explicó que lo establecido en la Constitución Política del Estado sobre el juicio de responsabilidades va en contra de lo establecido en el Pacto de San José.
“Lo que señala nuestra Constitución es que el juicio de responsabilidades se tramita en una única instancia ante el Tribunal Supremo de justicia, por lo tanto esa norma no puede ser aplicada en nuestro país por ser contraria al Pacto de San José”, dijo.
