“Es ya casi la incautación de 200.000 litros en dos semanas, una reducción de casi 700.000 litros, lo que son fronteras, casi un millón de litros que se estuviera generando con esta política de lucha contra el contrabando dentro del Plan Soberanía”, informó en conferencia de prensa.
Jiménez recordó que el contrabando de combustibles es un ilícito que está penado por el código 226, que establece que ninguna persona puede almacenar, comercializar o transportar carburantes si no tiene la autorización correspondiente.
“Además, que aquellas personas que lucran con nuestros carburantes también pueden ser procesados por enriquecimiento ilícito y afectación al Estado, esto también tiene una privación de cuatro a ocho años”, indicó.
En ese contexto, exhortó a la población boliviana a denunciar cualquier irregularidad respecto a los combustibles, que en el país son subvencionados, llamando al número gratuito 800106006 de la ANH.
El pasado mes, el Gobierno nacional aprobó los Decretos Supremos (DS) 4910 y 4911, para luchar contra el contrabando de combustibles. Con estas nuevas normativas se evitará que alrededor de 250 millones de litros de carburantes se desvíen a actividades ilícitas por año.
Luego de un diagnóstico realizado por la ANH, se identificó que existen clanes familiares que compran volúmenes excesivos de combustibles para revenderlos a mayor precio que el fijado en territorio nacional.
Además, se detectó que, de los 250 millones de litros que se desvían al mercado negro, el 80% va a la minería ilegal, al narcotráfico y a la reventa en el interior del país; mientras que el otro 20% sale al exterior mediante contrabando, de acuerdo con los datos oficiales.
