El proceso terminará cuando la ASFI revoque la licencia de funcionamiento de Fassil. Hasta el 14 de abril, el banco no pudo cubrir Bs 2.246 millones en obligaciones a sus clientes y a otras entidades.
“Es la primera vez en la historia de Bolivia” que un banco del tamaño de Fassil es intervenido y sus depósitos y cartera licitados para que los puedan asumir otras entidades financieras, afirmó el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra. Pero ¿cómo se llegó a esta situación?
Entre 11 bancos múltiples que hay en el país, Fassil es el tercero en cartera de créditos (Bs 20.984 millones), el cuarto en depósitos (Bs 20.112 millones), el cuarto en activos (Bs 31.438 millones), el séptimo en patrimonio (Bs 1.497 millones) y el décimo en utilidades, según datos a 2022 de la ASFI y del Ranking Camel de Bancos.
“El banco es grande. Su tamaño no permite que sea un solo banco el que pueda adjudicarse todos estos depósitos”, dijo Yujra, al informar sobre los pasos que se darán para precautelar los ahorros de los clientes de la entidad.
Fassil inició sus actividades en 1996 como fondo financiero privado y se convirtió en banco múltiple en 2014. Hasta octubre de 2022, contaba con 684 puntos de atención, en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí y Oruro. Se trata de una oficina central, 12 sucursales, 175 agencias, 60 oficinas externas, 430 cajeros automáticos y tres puntos promocionales.
En los últimos años, el banco impulsó un proceso agresivo de expansión nacional y se jactaba de tener “la mayor red de agencias de la banca privada”.
La intervención se confirmó el 26 de abril pasado, a través de la Resolución 539/2023, que determinó la suspensión total de las operaciones de Fassil por 30 días calendario, periodo que puede ser prorrogado por una sola vez, hasta que la ASFI “revoque la licencia de funcionamiento” de Fassil.
Según la norma, hay tres formas en los que los ahorristas podrán recuperar su dinero. En principio, está el procedimiento de solución, en el que otras entidades financieras se harán cargo de un porcentaje igual de depósitos y créditos del banco intervenido. Luego está el proceso de liquidación con seguro de depósitos, en el que las devoluciones se hacen con apoyo del Fondo de Protección al Ahorrista. Finalmente, está la liquidación forzosa judicial, en la que se recurre al remate de inmuebles y otros bienes para cubrir las obligaciones.
El procedimiento de solución que se emplea en esta primera etapa se aplica por segunda vez desde la promulgación de la Ley de Servicios Financieros (2013). El primer caso fue el de la ex mutual La Paz, cuya cartera y depósitos fueron absorbidos por el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC).
Las autoridades y expertos apuestan por que el proceso se concrete en el procedimiento de solución y no en las otras dos opciones. La razón, en el segundo caso, es que los $us 184 millones que tenía el Fondo de Protección al Ahorrista en diciembre de 2020 se convirtieron en $us 9 millones al 8 de febrero de este año.
La situación de iliquidez del banco no se debe “a un fenómeno generalizado de la economía -la demanda inusual de dólares-, como maliciosamente han pretendido hacer creer los ejecutivos y directivos de esta entidad. Las razones por las que se ha ingresado a este proceso de intervención tienen que ver con una mala gestión desde hace tiempo atrás, con prácticas que no son sanas, que han provocado una crisis financiera particular”, explicó Yujra.
“Frente a estos hechos, ASFI realizó un trabajo permanente de control y supervisión para tratar de establecer medidas correctivas en la entidad. Sin embargo, la entidad ha sido reacia a cumplir aquello. Hemos tenido varias inspecciones en las que hemos advertido irregularidades y hemos requerido planes de acción para que subsanen estas dificultades”, sostuvo el director de la ASFI.
“Lamentablemente, siempre hemos sido hostigados, amenazados, amedrentados por este banco, tal es así que hemos sido objeto de procesos contenciosos, amparos” y otras medidas, dijo.
En este marco, presentó un “plan de regularización que fue aprobado” por la ASFI, pero incumplido por falta de liquidez, precisó la viceministra de Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
Así, la posición de las autoridades es única: las acciones de la reguladora fueron oportunas. Legisladores de oposición y analistas, empero, piensan lo contrario.
“ASFI debería haber intervenido el banco cuando éste ya no pudo atender las solicitudes de retiro de sus clientes”, sostuvo Armando Álvarez, ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores.
“Nosotros hemos tomado conocimiento de estos casos recién en el mes de abril”, dijo Yujra.
“En cuanto se ha sabido el tema de la cesación de pagos” a los ahorristas, “la ASFI ha procedido a la intervención”, remarcó Espinoza.
La información oficial indica que, tras recibir 61 reclamos en segunda instancia de ahorristas que no pudieron recuperar su dinero, ASFI realizó una inspección a Fassil el 17 de abril, con la que corroboró esa situación.
Los incumplimientos, no obstante, empezaron el 13 de marzo, según fuentes del banco. Desde esa fecha, clientes de la entidad, personas y empresas, comenzaron a hacer conocer estas dificultades, lo que fue reflejado por distintos medios de comunicación.
“Los medios de prensa vienen informando desde hace dos meses las dificultades que tenían los clientes del banco para retirar sus ahorros. Me extraña que en ese tiempo no haya habido reclamos de los clientes a ASFI y que recién los estuvieran presentando” en abril, consideró Álvarez.
Fassil no emitió comunicados de su situación hasta las últimas semanas, en las que inhabilitó temporalmente sus tarjetas de débito, crédito y prepagadas; informó que trabajaba en un plan estratégico para fortalecer su posición, afectada por “una gran escalada irregular de especulaciones y rumores”; y puso a la venta sus bienes inmuebles.
“El problema principal es interno, pero las circunstancias externas no ayudaron”, aseveró el analista financiero Jaime Dunn. El hecho de que la población saque sus ahorros en bolivianos para convertirlos en dólares, que se ha sentido en todo el sistema financiero, “ha aumentado la presión en el banco”, consideró.
Un análisis de Dunn muestra que entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las disponibilidades (el dinero en efectivo) de Fassil se redujeron en 94%, mientras que ese porcentaje en otros bancos fue del 46%, como máximo.
La Resolución 539/2023 revela que hasta el 14 de abril de este año el banco generó recursos por Bs 2.223 millones, mientras las obligaciones que debía cubrir (incluidos DPF y cajas de ahorro) eran de Bs 4.470 millones, lo que representó una insuficiencia de fondos de Bs 2.246 millones.
Pero el debilitamiento de uno de los bancos más grandes del país no es reciente. “Por temas de gestión, venía mostrando bajos niveles de liquidez hace tiempo, lo que se reflejaba en la continua reducción de sus calificaciones de riesgo como emisor y de sus valores emitidos. Esto no ha pasado sorpresivamente”, dijo Álvarez.
“Desde hace dos o tres años se conocía en el ámbito financiero que el banco funcionaba con algunas dificultades y con prácticas ‘no convencionales’. En el mercado de capitales, sus DPF y cualquier cosa relacionada con Fassil eran negociados con mucha cautela”, coincidió Dunn.
El senador Erik Morón (Creemos) recordó que en 2021 inició un proceso de fiscalización a Fassil, recibiendo como respuestas amenazas a su familia y una acusación ante la Comisión de Ética del Senado. El banco, a su vez, le inició un proceso penal.
“La pregunta es ¿por qué el plan de regularización empieza recién en marzo de 2023, por qué no empezó hace dos años? La ASFI debe tener una respuesta para eso, más aún cuando la misma institución dice que están con estos temas desde 2021”, observó Dunn.
La Fiscalía investigará si hubo ganancias ilícitas
La detención de cuatro ejecutivos del Banco Fassil no tiene relación con la intervención de la entidad por falta de liquidez, sino con un delito financiero vinculado con la otorgación de créditos sin capacidad de pago, informó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza. Si en el marco de la investigación se establece que hubo ganancias ilícitas, se iniciará procesos por ese delito, subrayó.
El caso mencionado tiene relación con María Nicole B.S.A, que accedió a préstamos por Bs 9,73 millones, pese a que su capacidad de repago era solo de Bs 60.700.
“Los créditos otorgados sin cumplir la normativa dan lugar a un tema de delito financiero y pueden dar lugar también -si se establece que ha habido un tema de ganancias ilícitas- a procesos por legitimización de ganancias ilícitas”, aseveró Espinoza.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que se aprehendió a los cuatro ejecutivos de Fassil “por el excesivo poder económico que tienen y la posibilidad de alterar los estados financieros” del banco.
El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Reylando Yujra, y el interventor de Fassil, Carlos Colodro, informaron que el proceso de intervención incluye como uno de los primeros pasos la revisión de los estados financieros de Fassil, para saber si los informes del banco son reales.
