Los socios cocaleros cuestionaron y reaccionaron con desconfianza y decepción por el acercamiento entre la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Gobierno; no olvidan que el año pasado fueron “masacrados, reprimidos y detenidos” por la Policía al mando del Ministerio de Gobierno.
“Veo con recelo y desconfianza”, dijo el presidente de la regional Chamaca, René Llojlla, a la ANF, respecto al acercamiento del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que llegó este viernes a la zona de Villa Fátima para participar de la asamblea de la Adepcoca.
Esa percepción se justifica porque el Gobierno trabajó con la dirigencia paralela de Arnold Alanes, dividieron a las comunidades, crearon dirigentes truchos, argumentó Llojlla al insistir que la asamblea “no terminó bien” porque no existe pleno acuerdo sobre este contacto con el Gobierno.
Recuerda que hace siete meses, el ministro que hoy pretendió mostrarse “amigo” de los productores yungueños los acusó de “criminales”. “El Ministro no es de confianza, miente al pueblo. Nos ha dicho que somos una organización delincuencial”.
Un largo periodo de protestas en contra del mercado ilegal de Villa El Carmen concluyó con una multitudinaria marcha, en septiembre de 2022, que quemó y destruyó dicho centro, tras este hecho, una ola de detenciones se produjo contra los dirigentes.
Los dirigentes en ese tiempo denunciaron la represión policial, intentos de montar pruebas para incriminarlos en delitos; se mantuvieron unidos hasta que la dirigencia fue descabezada, no solo el directorio de Adepcoca, sino el comité de autodefensa.
Henry Quisbert, miembro del comité de autodefensa, fue crítico a la presencia del titular de Gobierno y a la decisión de los dirigentes de acercarse a las autoridades gubernamentales que fueron detenidos en la cárcel, mientras otras dirigentes mujeres guardan detención domiciliaria.
“Yo he quedado sorprendido con la presencia del ministro”, afirmó, es más cree que los “dirigentes se han vendido al Gobierno. Adepcoca siempre ha pedido acercamiento, pero con un solo fin liberar a los presos”, sostuvo en declaraciones a este medio.
En especial César Apaza, que actualmente atraviesa por un delicado estado de salud y que pese a su situación la justicia lo mantiene en la cárcel de Chonchocoro, según su familia sin las condiciones para su recuperación plena.
Llojlla acotó que una de los temas centrales en esta proximidad con el Gobierno tiene que ser «cerrar el mercado ilegal de Villa el Carmen y liberar a todos los presos».
Quisbert dijo que escucharon los discursos, pero que las bases sienten que “fue una traición” de los dirigentes a su organización. Adepcoca, al haber permitido la presencia del ministro en su asamblea.
Ambos productores denunciaron que los dirigentes no dieron la palabra a todos quienes querían dar un discurso porque son críticos al Gobierno. Llojlla dijo que se acercó a la testera, pero no le permitieron subir.
Mientras que Quisbert dijo que cortaron el sonido y suspendieron a asamblea, cuando el objetivo era conformar un comité electoral porque el actual directorio es “mañoso” y ha cumplido su tarea en este periodo.
Reprochó que los dirigentes no se manejen con transparencia, toda vez que no conocen qué condiciones o acuerdos se están negociando “bajo la manga”.
El gobierno de Evo Morales y ahora el gobierno de Luis Arce “nos han masacrado, tenemos presos políticos”, afirmó el miembro del comité de autodefensa. Precisó que hace años lucharon en contra de la Ley General de la Coca y ahora en contra de un mercado ilegal.
“Estamos indignados por nuestros dirigentes, estamos decepcionados por la forma en la que terminaron la asamblea”, afirmó, al señalar que “transar los mandamientos de aprehensión” no puede ser solo para algunos, sino para todos.
