Dirigente alertó que el nuevo marco normativo para la lucha contra el contrabando de combustibles contiene elementos que ponen en riesgo sus inversiones y los expone “al peligro de ser intervenidos y ser expulsados” de sus propias instalaciones.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso la intervención preventiva de estaciones de servicio que pongan en riesgo la continuidad y la normal atención del servicio de provisión de diésel y gasolina en el mercado interno o generen desabastecimiento a la población.
Así lo establece el Reglamento de Intervención Preventiva de Empresas Reguladas, aprobado por la entidad reguladora a través de la Resolución Administrativa 11/2023.
La norma establece cinco causales de intervención: cuando la licencia de operación no haya sido renovada, por causas atribuibles a la empresa regulada; cuando la empresa regulada haya cesado operaciones sin autorización del ente regulador; cuando la empresa regulada no pueda acreditar a un representante legal; cuando de acuerdo a normativa vigente, como resultado de la comisión de delitos penales, la empresa se encuentre imposibilitada de seguir operando y no exista impedimento para que la ANH disponga la intervención preventiva; y cuando como resultado de la denuncia del usuario o consumidor final se haya verificado fehacientemente que la atención de la empresa regulada pone en riesgo la provisión y normal servicio.
El periodo de ejecución de la intervención será de hasta un año calendario, plazo que puede ser prorrogado. Los gastos generados por el proceso serán cubiertos con recursos del flujo de caja de la empresa intervenida.
“Esta resolución administrativa pone en riesgo la inversión privada, puesto que indica que el Estado se va a hacer cargo de la administración de la estación de servicio. Son varios factores que no vamos a poder cumplir”, informó a EL DEBER Diego Ferrufino, presidente de la Asociación de surtidores de Cochabamba
Esta es una de las preocupaciones del sector, que anoche se reunió con el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, y el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, William Donaire, para hacerles conocer su posición, mientras se registraban largas filas en los surtidores de la capital cruceña.
“Puede haber una situación de caos cuando sale una normativa, y la gente o redes sociales hacen ver que no habrá (combustibles). El abastecimiento está garantizado”, afirmó Donaire.
Giménez, por su lado, anunció que ingresarán en mesas de trabajo con Asosur para socializar el Decreto 4910.
“Es una resolución administrativa que tenemos que cumplir de manera obligatoria y que no puede ser puesta en pausa. No puede ser que no se la aplique solo con un comunicado, con una carta o con una instrucción verbal. Entonces, estamos en una encrucijada legal. Por un lado, tenemos el reglamento legal vigente y por el otro tenemos comunicados e instructivos que nos dicen que aún todavía no hagamos caso a este reglamento y que una vez que pase esta etapa de socialización recién se va ejecutar al 100%”, aseveró Ferrufino.
Los surtidores del país se declararon ayer en estado de emergencia por la promulgación del Decreto Supremo 4910 y las Resoluciones Administrativas que lo reglamentan.
“Nos ha puesto en un estado de emergencia a nivel nacional, por la magnitud del daño que va a causar a nuestras inversiones privadas”, dijo Ferrufino.
Estas normas “ponen en riego nuestras inversiones, exponiéndonos al peligro de ser intervenidos y ser expulsados de nuestras propias instalaciones, lo cual vulnera nuestros derechos, protegidos por la Constitución, violando el derecho al debido proceso y otorgando estas facultades ilegales a una autoridad administrativa”, reza el comunicado.
Ferrufino indicó que el sector sostendrá un encuentro nacional en las próximas horas, para analizar los resultados de la reunión con las autoridades de Gobierno y para definir si se mantiene o no el estado de emergencia. Sin embargo, anticipó, “un estado de emergencia solo se da de baja cuando el motivo por el cual se ha declarado ya no está presente. En este caso, seguimos teniendo las resoluciones vigentes, seguimos teniendo la susceptibilidad errónea de las personas que está causando problemas a las estaciones de servicio”.
El dirigente explicó que las estaciones de servicio del país han visto afectadas sus operaciones por una serie de resoluciones y decretos que cambiaron la comercialización de carburantes a la población.
En este nuevo marco normativo está la Resolución Administrativa 2/2023, que instruye que los vehículos que usen gas, gasolina o diésel deben estar registrados de manera obligatoria en la ANH y en el sistema B-Sisa para cargar combustible, mientras que la venta fuera de tanque se realizará solo a mayores de edad que presenten su cédula de identidad junto a una fotocopia.
“Existen un gran número de usuarios finales que solo cuentan con el registro electrónico (del B-Sisa) y no así con la etiqueta física, lo que según reglamento, imposibilita la comercialización”, precisó Ferrufino.
La aprobación de los Decretos 4910 y 4911 impone también muchas restricciones al usuario final que los surtidores están obligados a cumplir bajo pena de sanción. En estos decretos está la venta de hasta 120 litros por mes por persona para uso doméstico “con autorización especial” de la Dirección General de Sustancias Controladas, cuando antes esa autorización se requería a partir de los 121 litros; y la reducción de la venta 20.000 a 5.000 litros en estaciones de servicio para unidades productivas que requieran combustibles.
“Hay quejas y reclamos de sectores a nivel nacional, empresas mineras, agroindustriales, cementeras, que necesitan el combustible en grandes cantidades y no tienen la planta de YPFB cerca para poder retirar este producto (…). No es que la estación no quiera vender, la estación vive del comercio de combustible, lo que pasa es que tenemos un reglamento vigente que tenemos que cumplir de manera obligatoria
Sin embargo, “los usuarios finales (las personas) también nos culpan por no querer venderles combustible. Esto (la nueva normativa) ha causado pánico en la población y han pedido que, antes de sacar cualquier resolución, se ejecute una etapa” de socialización y de preparación de cumplimiento de la normativa, como un proceso d etiquetado de vehículos, afirmó Ferrifino.
