En 2013 el monto para sueldos del Estado fue de Bs 24.114 millones, para 2023 la cifra se disparó a Bs 47.253 millones. El Gobierno dice que la mayoría fue a salud y educación
En una década, los recursos asignados al pago de salarios en el sector público se han disparados. Los datos son contundentes: en 2013, el Estado boliviano tenía una planilla de Bs 24.114 millones, y 10 años después, este número se ha elevado a Bs 47.253 millones. Esto evidencia un crecimiento del 96%, y deja al descubierto, según especialistas consultados por EL DEBER, el aumento de la burocracia estatal.
Estas cifras fueron extraídas del sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde la entidad estatal aloja información sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) que el Gobierno hace público cada año.
En los últimos meses, han surgido muchas críticas contra la gestión económica del presidente Luis Arce Catacora. Las observaciones se enfocan en la política de expandir el gasto público, la cual se ha mantenido inalterable desde la gestión del expresidente Evo Morales, que comenzó en 2006 y finalizó en octubre de 2019, cuando renunció agobiado por la protesta social tras las fallidas elecciones de ese año.
En 2020, Arce ganó el proceso electoral de ese año. Al asumir su gestión, sostuvo que el país seguiría con el modelo económico implementado durante la presidencia de Morales, en la cual él fue ministro de Economía y uno de los gestores de la política económica.
Otro contexto
Pero, a diferencia de otros tiempos en los que manejó una chequera que cada año crecía debido a las exportaciones y buenos precios de las materias primas como el gas natural, Arce tomó la posta de un país con problemas económicos después de las fallidas medidas económicas aplicadas durante el Gobierno de transición en el período de emergencia global por la aparición del coronavirus.
En este escenario, varios economistas, al ver el perfil técnico del nuevo mandatario, plantearon que su Gobierno debería efectuar un ajuste en los gastos corrientes para reducir el déficit fiscal.
En su primer año, solo en salarios, el Presupuesto General del Estado (PGE) asignó 42.712 millones, un 6,9% más que lo destinado en el último presupuesto hecho por el Gobierno de Morales. Al año siguiente, la planilla de la administración estatal siguió creciendo. El PGE 2021 asignó una partida de Bs 43.205 millones.
En 2022, esta partida creció a 45.235 millones, lo que representó un 19,2% del presupuesto total de ese año, que llegó a Bs 235.090 millones. Este año, solo en salarios, el Estado asignó Bs 47.253 millones, lo que representa un 4,46% más que lo asignado en la gestión anterior.
Para este reportaje, se envió un cuestionario al Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de la edición, esa entidad estatal no atendió el requerimiento de EL DEBER.
En anteriores ocasiones, el Gobierno sostuvo que los salarios que más se incrementaron son de los sectores de salud y educación, así como de los trabajadores estatales de menor ingreso.
Varias veces, la administración estatal ha señalado que el aumento del gasto en salarios es parte de su política de inclusión social y justicia económica, que busca reducir la brecha entre los ingresos de los trabajadores y los sectores más ricos de la sociedad boliviana.
Pero algunos expertos han advertido que el aumento del gasto en salarios puede generar presiones inflacionarias y afectar negativamente la estabilidad macroeconómica del país.
Cuando se presentó el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que, del total de recursos destinados al pago de sueldos y salarios, un 46,9% se va a parar a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), a programas de salud y al magisterio fiscal. En tanto, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas reciben el 11,2% de estos recursos.
Por otro lado, a las entidades territoriales autónomas y a las universidades se les asigna un 17,6%. Además, las instituciones de seguridad social representan el 7,5% de este gasto.
En esa misma línea, según el ministerio, el gasto de salarios de las empresas públicas representa un 6,7%. Otras entidades del Órgano del Estado, de control y defensa, instituciones desconcentradas y descentralizadas concentran el 10,1%; y el Órgano Ejecutivo solo representa el 2,5% de todo ese presupuesto.
En cifras más precisas, del total asignado, Bs 22.178 millones están destinados para cubrir sueldos de salud y educación.
Actualmente, el sector del magisterio a escala nacional ha iniciado una huelga exigiendo un mayor presupuesto.
Hasta el cierre de esta edición el sector continuaba en paro. Los docentes reclaman más ítems, pago de las horas trabajadas que no son cubiertas, o deuda histórica.
Observaciones
El economista Germán Molina, sostuvo que el incremento del gasto corriente se debe a dos factores: el sueldo de más de 500.000 funcionarios públicos más la adquisición de bienes y servicios “que es bastante elevada”.
“En el tema de planillas, en las actuales condiciones es imposible pensar en reducir y no están dadas las condiciones. En lo que sí se podría ajustar es en los bienes y servicios”, dijo.
Pese a que existe un contexto adverso, por la caída en los ingresos por la venta de gas natural, según Molina, el Estado ha mantenido sus gastos sin ningún tipo de ajuste.
“Se siguen manteniendo gastos que eran financiados con los ingresos transitorios -producto de la elevación de los precios internacionales del petróleo- y eso acabó, ya no corresponde y esos gastos siguen manteniéndose”, reflexionó Molina.
Los recortes deben hacerse en todos los niveles del Estado, ya sea en municipios, gobernaciones y el nivel central. El ajuste, según el especialista, no pasa por reducir los ingresos de los trabajadores de la salud y educación sino apuntar al nivel central.
Según datos del PGE, los gastos corrientes, que contemplan salarios y pagos de servicios, llegan a los Bs 144.485 millones, de esa cantidad Bs 47.253 millones son para sueldos y otros Bs 62.799 millones se van a los gastos de bienes y servicios, que -según Molina- la mayoría son consultorías. “Se tiene que revisar todos los proyectos que signifiquen un gasto”, señaló el economista.
El analista Julio Alvarado sostuvo que uno de los mayores gastos del Estado se encuentra en las empresas públicas que “están generando un gasto elevado” que alimenta el déficit fiscal vigente desde hace 10 años en el país.
“La burocracia estatal es elevada, siguen creando instituciones estatales que no benefician al país. También se deben evitar estos gastos insulsos y el despilfarro del dinero construyendo sedes para los movimientos sociales del MAS”, señaló Alvarado.
Pero datos del Ministerio de Economía, dan cuenta de que para las empresas públicas el presupuesto para salarios en 2023 es de Bs 3.177 millones, otros Bs 4.776 millones son para la planilla del resto de entidades públicas donde se encuentran los Órganos del Estado, entidades de control y defensa, instituciones desconcentradas y descentralizadas.
En su análisis, Alvarado recalca que el Estado está gastando por encima de sus ingresos. “Si no se frena eso estamos en camino a lo que se está viviendo en Argentina o Venezuela que son países que gastan más de lo que les ingresa”, señaló Alvarado.
Empero descartó que el Gobierno haga un ajuste porque no tienen la voluntad política para hacerlo. Además, lamentó que el Gobierno use como excusa el hecho de que la mayoría del presupuesto en salarios vaya al sector de salud y educación.
“Sin tocar la salud y educación se puede hacer el ajuste, por ejemplo, hay presupuesto para la Unidad de Proyectos Especiales que hace trabajos que deberían hacer las gobernaciones y municipios, como construir escuelas”, cuestionó el economista.
