Ese monto corresponde a las gestiones comprendidas entre 2015 y 2018. Ahora, tras el conflicto, los hoteles llegaron a un acuerdo para pagar otros 90 mil dólares por las gestiones entre 2019, 2021 y 2022.
“No son cobros, son convenios mutuos que se deben cumplir. Estos aportes voluntarios se dan desde que ellos vinieron a pedir permiso para instalar hoteles, en 2002. Los montos fueron correlativos. Empezaron con unos 500 dólares y fue subiendo a mil, 2.000… de acuerdo al crecimiento de los hoteles”, indicó el presidente de la OTB de Colchani, Javier Mamani Pérez.
Ni hoteleros ni comunarios, y menos autoridades, precisan el total aportado por los hoteles en estos 20 años de “convenios”. El Concejo de Uyuni y la Fiscalía de Potosí iniciaron una investigación, mientras que los actores del rubro piden al Gobierno tomar cartas ante estos “acuerdos” fuera de norma, que se usan para “extorsionar”.
“Trabajamos con el hotel desde 2003. Siempre tratamos de llevarnos bien con la comunidad y estuvimos dispuestos a dar aportes voluntarios para su desarrollo. Lastimosamente, desde hace algún tiempo, estos aportes se volvieron obligatorios. En 2019 nos pidieron dar un monto o irnos, en ese momento se convirtió en extorsión”, se explicó desde el Hotel Luna Salada.
Además de este establecimiento, en la zona también operan los hoteles Palacio de Sal y Cristal Samaña. Ninguno atendió a nuestros requerimientos.
100 mil dólares en cuatro años
Si bien nadie responde sobre el monto total, ambas partes en conflicto cuentan con documentos. Uno de ellos establece que en 2015, Luna Salada llegó a un acuerdo con la comunidad. En un documento protocolizado y con reconocimiento de firmas se estableció un aporte voluntario de 8.000 dólares anuales, cifra que debía mantenerse en el tiempo. Se estima que con ese acuerdo, durante 2015, 2016, 2017 y 2018, el hotel dio un total de 32 mil dólares.
Los otros dos hoteles, de acuerdo a fuentes cercanas, hicieron el mismo pago. Es decir que entre los tres emprendimientos privados, durante esas cuatro gestiones, aportaron 96 mil dólares, casi 100 mil.
“Son acuerdos internos a los que no sabemos cómo llegaron. No compartimos los actos ocurridos ni ninguno que dañe la imagen del departamento. Pero en el marco de la Ley 292 de Turismo no tenemos competencia sobre particulares, la norma nos limita a actos administrativos y sancionatorios a prestadores de servicios. En casos de avasallamiento o extorsión le corresponde al Ministerio Público investigar”, dijo el secretario departamental de Turismo de Potosí, Erick Quispe.
De aportes a extorsión
“Colchani no fue a buscar a los hoteleros, fueron ellos los que vinieron a pedirnos trabajar con la comunidad, en nuestros terrenos y con nuestra sal. Había compromisos de aportes, de trabajo y otros. Pero desde 2019 hasta el 2022 dejaron de cumplir y en asamblea se cuestionó esto. Solo les hemos pedido que cumplan, pero como las gestiones se acumularon y se les hizo mucho, se rehusaron”, señaló Mamani.
Según el dirigente de Colchani fue por este motivo que se desató el conflicto de la semana pasada. Al no haber los aportes, los comunarios decidieron tomar los ingresos a los tres hoteles. Afirmó que ni los caminos u otros establecimientos se vieron afectados.
“Y no fue con los tres hoteles. Palacio de Sal cumplió con los compromisos, por lo que no tuvo ningún problema; Luna Salada, a dos días del conflicto, soluciona y volvió a la normalidad; Cristal Samaña llegó a un acuerdo el sábado y funcionó”, aseveró.
Pero esta no es la perspectiva de los hoteleros. Para ellos las amenazas llegaron en 2019 y fueron el detonante para no dar más aportes. Afirmaron que siempre estuvieron de acuerdo en contribuir a la mejora de Colchani, porque es algo que ellos mismos necesitan para los turistas, pero esta vez fue diferente.
Antes de la pandemia, los tres hoteles recibieron una carta firmada por el entonces corregidor, Óscar Cruz. La nota pedía 25 mil dólares anuales para la comunidad y les daban un plazo de 60 días. De no cumplir, los hoteles debían dejar la comunidad y devolver los terrenos tal cual les fueron dados hace décadas.
“Pese al acuerdo que teníamos de aportes voluntarios, nos pidieron pagar 25 mil dólares y si no lo hacíamos, teníamos que irnos, ahí se convirtió en extorsión. El aporte voluntario se volvió obligatorio y por eso no pagamos desde 2019, porque estábamos siendo extorsionados y queríamos hacer valer nuestro contrato”, explicó Luna Salada.
Aunque los hoteles trataron de negociar, no hubo éxito. Las autoridades comunales no quisieron recibir ningún dinero si no era el monto solicitado.
Llegó la pandemia y pasaron dos años más sin que se logre una solución. Hace poco la comunidad envió una nueva carta. Esta vez pedían 15 mil dólares por las gestiones 2019, 2021 y 2022, en total 35 mil. Sin el pago, el conflicto empezó.
“Pero ya hemos solucionado y no deberíamos estar hablando de esto”, afirmó otro dirigente de Colchani.
La solución llegó con un cronograma de pagos a los que los hoteles se sometieron. Uno de los planes a los que Página Siete tuvo acceso evidencia que el monto acordado por las tres gestiones es de 30 mil dólares. Estos serán pagados en cuotas. Es decir que por los tres hoteles, hasta fin de año, Colchani recibirá 90 mil dólares, que se sumarán a los 96 mil anteriores.
En los hoteles ahora se sienten hostigados, con temor a represalias y a que esto vuelva a ocurrir.
Advierten con investigar a la comunidad y a los hoteles
El miércoles 12 de abril, el Ministerio Público confirmó una investigación contra autoridades originarias y comunarios por la presunta extorsión a los propietarios de los hoteles de sal.
“Se ha dado curso a una denuncia presentada por uno de los afectados, por los delitos de impedir el ejercicio del trabajo”, indicó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque.
Esta no es la única investigación. El concejal del municipio de Uyuni Limberth Choque afirmó que en esta entidad se conformó una comisión especial para indagar el hecho.
“Estamos preocupados por cómo están asentados estos hoteles en las orillas del salar. Hay diferentes versiones y hay que generar reuniones tanto con los hoteleros como con la comunidad de Colchani”, indicó la autoridad.
Manifestó que si bien los cobros son irregulares también hay duda por los asentamientos. Aseguró que toda inversión privada debe realizarse mediante una solicitud al municipio, algo que en estos casos no ocurrió o por lo menos se desconoce.
“En este tipo de casos los terrenos deben ser expropiados y dados a los privados. Esto no se realizó y creemos que por eso hay este problema”, afirmó.
Puso como ejemplo el caso del distrito indígena de Coroma, donde una empresa privada quiere instalar un surtidor. En este caso, dice, hay cierta demora porque se está siguiendo el curso regular para poder disponer de los terrenos.
“Los inversionistas hoteleros debieron seguir este curso. Colchani como TCO (Tierra Comunitaria de Origen) no podía urbanizar ni designar terrenos en una reunión. Autoridades e inversionistas incurrieron en faltas. Si hay regalías, deberían entrar al municipio”, sostuvo.
Pero no todos están de acuerdo con quién tiene la jurisdicción. El economista e investigador del litio y el salar Milton Lérida afirmó que el gran Salar de Tunupa (Uyuni) está ubicado íntegramente en la provincia Daniel Campos. Afirmó que los hoteles de sal están construidos sobre el territorio de la Segunda Sección Municipal de Tahua y, por tanto, “nada tiene que ver con Uyuni”, capital de la provincia Quijarro, que no tiene salar.
“La provincia Daniel Campos es desde la línea del ferrocarril que divide al pueblo de Colchani hacia el salar. Desde la línea férrea hacia el este, le corresponde a la jurisdicción de la provincia Quijarro y el municipio de Uyuni. Los hoteles están del lado de Daniel Campos y no han sacado licencia de funcionamiento donde corresponde”, indicó.
Sin embargo, otros sectores señalan que tampoco corresponde a esa jurisdicción, ya que la Ley 2564 de 2003 declara las 2.190.500 hectáreas del salar en reserva fiscal. Establece que la costra salina se encuentra en Potosí, pero deja claro que está bajo tuición del Estado.
Si bien los hoteles no están en la costra salina, sino en la orilla, podría ser que estén dentro del área demarcada como estatal.
Desde la comunidad de Colchani, Mamani afirma que este territorio es parte de la TCO Tolapampa y, por tanto, tiene su propia jurisdicción.
“En la titulación el Gobierno fue muy claro, dijo que aquí nosotros somos dueños y señores. Como Colchani estamos dentro de una TCO y eso debe respetarse. Los empresarios no quieren cumplir porque se creen dueños, quieren tener el derecho propietario, pero eso no es factible dentro de una TCO y menos sin una consulta previa. Han ido a autoridades superiores, pero han quedado en cero porque no se puede”, manifestó Mamani.
Pero ahí surge otra duda, ¿qué pasa con los otros ayllus de la TCO? Según la ley, la disposición de los terrenos debería consultarse con todos y las ganancias deberían llegar a todos.
“Colchani está en la titulación de Tolapampa, pero cada comunidad administra el territorio que le corresponde. A Colchani le corresponde esto. Además los convenios entre la comunidad y los hoteleros se han hecho antes de que se titule la TCO”, argumentó Mamani.
caso debe investigarse para que no quede en nada, como el incendio de los domos
en 2021”.
¿En qué se usaron los aportes de los hoteles a la comunidad de Colchani?
Según explicó Mamani Pérez, los aportes de los hoteles son administrados por un comité económico que Colchani tiene de forma exclusiva para este tema. Este comité desembolsa ciertos montos para financiar los proyectos que van en beneficio de la comunidad.
Como ejemplo de la inversión de estos recursos nombró la construcción de las oficinas públicas de Colchani, una especie de sede con dos plantas y varias salas de reuniones. La obra lleva una plaqueta en la que se menciona a los tres hoteles que dieron sus aportes entre 2015 y 2017.
“También tenemos parte de la construcción de la cancha y el césped sintético para la misma, que ya ha sido encargado y esperamos inaugurar este año”, explicó Mamani.
Indicó que parte de la plaza central también fue financiada con estos recursos, al igual que el adoquinado alrededor de la misma. “Ninguna otra calle de Colchani está adoquinada, sólo ésta”.
“Tenemos la necesidad de muchos proyectos, una vez que se termine la cancha pensaremos en una terminal, porque este dinero debe ir a desarrollar el turismo. En época de lluvias el turista está caminando en el barro y el agua, y eso debemos mejorar para beneficio de la comunidad y también del empresario hotelero”, acotó el dirigente.
Añadió que los montos se fijan de acuerdo al flujo turístico, para que la comunidad y empresarios se beneficien. Aclaró que por el momento no se tiene un monto fijado para las futuras gestiones.
Tres domos turísticos instalados en el salar fueron quemados en 2021 y el caso quedó en nada
“Este nuevo caso debe investigarse para que no quede en nada, como el incendio de los domos en 2021. También era inversión turística y no hubo ni un detenido”, señaló el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Jorge Valle.
El 23 de julio de 2021, un grupo de comunarios de Llica y Tahua, de Potosí, quemó los domos del emprendimiento turístico Kachi Loddge.
El establecimiento se instaló en la costra salina, al norte del salar, en 2018. Ese año, al enterarse de los trabajos, el entonces gobernador de Potosí Juan Carlos Cejas acudió al Ministerio de Culturas y Turismo. No tuvo respuesta.
En 2020, tras la crisis por la pandemia, las autoridades comunales de Salinas de Garci Mendoza decidieron retomar las actividades económicas. Empezaron a promocionar el Salar de Tunupa, una fracción del salar que Oruro afirma le pertenece, al igual que Potosí.
El emprendimiento trabajó con comunidades orureñas sin consultar a las potosinas. Tampoco consultó con el Gobierno central como manda la ley, ya que la costra salina -en su totalidad- está declarada como reserva fiscal.
El 12 de julio de 2021, ante los anuncios de un evento para reactivar el proyecto hotelero, los gobernadores de Oruro y Potosí -Johnny Vedia y Jhonny Mamani- se reunieron con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Acordaron que el acto debía suspenderse para evitar conflictos.
Los comunarios suspendieron el acto y realizaron uno pequeño, el 22 de julio, en Jirira, a cinco kilómetros de los domos. Potosí tomó el hecho como una afrenta y tomó “acciones de defensa”.
Hasta los domos -donde no había ninguna actividad- llegaron alrededor de 200 personas de las comunidades potosinas cercanas. Pese a los intentos de dialogar la violencia se desató en presencia de varias autoridades.
Hay vacíos en la ley y faltan políticas claras para todos
Desde la Cámara Hotelera de Bolivia, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt) y las Operadoras de Turismo Receptivo y Comunitario se observó que estos problemas se ven en varias regiones. Afirman que se deben a vacíos legales y la falta de políticas claras para el beneficio de los involucrados en el turismo.
“El Gobierno debería manifestarse, lamentablemente desde la semana pasada no hay un comunicado oficial por parte de nuestras autoridades. Eso nos preocupa, no hay la participación del Estado, lo que hay es una ausencia de seguridad jurídica y políticas claras”, señaló el representante de Abavyt, Marco Mercado.
El empresario Juan Lucio, en representación de los Operadores de Turismo Receptivo y Comunitario, manifestó que no se puede vivir de extorsiones, pero que tampoco es bueno que los comunarios vean pasar los jeeps todos los días, con dinero y turistas, pero que ellos se beneficien muy poco o nada.
“Hay que pensarlo también desde ese lado. Hay que redistribuir las ganancias del turismo. No debe ser con extorsiones ni cobros arbitrarios, sino con políticas claras de turismo comunitario, donde los locales se beneficien igual que el privado. Esa es la tendencia, al extranjero le gusta que el local reciba beneficios, que su vacación no sea solo eso, sino un aporte a la comunidad. Hay países que tienen estas políticas de participación, pero Bolivia no, y las necesita”, indicó.
El presidente de la Cámara Hotelera de Bolivia, Luis Ampuero, dijo que estamos ante una oportunidad de oro para el acercamiento de los sectores público, privado y las comunidades.
“Al final queremos el beneficio de todos. Tenemos la gallina de los huevos de oro y no la estamos aprovechando. Se requiere un esfuerzo muy grande y necesitamos con urgencia un marco jurídico que permita la relación entre todos estos actores, sino, no vamos a salir adelante”, señaló Ampuero.
Indicó que está en manos de las autoridades sentar precedentes para que lo ocurrido en Uyuni no vuelva a pasar y se aclaren las áreas grises en las normas.
“Este caso de Uyuni se destapó porque es uno de los grandes destinos, pero lo mismo pasa en todos los otros destinos turísticos del país. Si esto no se corta ahora se convertirá en una situación incontrolable”, dijo el presidente de ALA, Jorge Valle.
Ampuero aclaró que los hoteles afectados no son empresas afiliadas a la cámara, sino que trabajan de forma independiente.
