El procurador general del Estado reveló que la empresa Cóndor, que este año se adjudicó un contrato por $us 9 millones, supo de la irregularidad que se cometió entre 2019 y 2020 que implicó pérdida de fondos públicos
El anuncio fue realizado por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. La autoridad anunció que, una vez que concluyan las declaraciones preliminares, el juicio civil comenzará en enero de 2024 en Estados Unidos, donde Murillo está detenido por delitos de soborno y fraude.
Chávez, en este contexto, reveló que la empresa brasileña Cóndor -que fabricó los insumos represivos para Murillo- supo del sobreprecio que significó una millonaria pérdida para el Estado. La firma también fue señalada por la Fiscalía cuando investigó este caso.
Este año —en la gestión de Eduardo Del Castillo— la misma empresa Cóndor se adjudicó la compra de otro lote de gases; esta vez por $us 9 millones.
“Se ha logrado establecer que la empresa Cóndor sí conocía el sobreprecio y ha persistido, conociendo el sobreprecio en la venta de los agentes químicos, a requerimiento de Arturo Murillo”, afirmó el procurador en una entrevista con el programa ‘Identidades’ de ATB-Radio.
Chávez aseguró que el propósito principal de su despacho es recuperar los fondos públicos que fueron usurpados por Murillo cuando contactó a la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) a finales de 2019, cuando comenzó el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
La operación demandó $us 5,6 millones y se la hizo a través BTS, que no fabrica estos insumos. Esta empresa le pagó a Cóndor sólo $us 3,3 millones, por lo que el sobreprecio fue superior a los $us 2 millones. El Procurador recordó que se recuperó algo más de un millón de dólares a través de un seguimiento que hizo junto al Ministerio de Gobierno.
“La última noticia que tenemos es que el juicio se instalará en enero de 2024. Para este motivo se han tomado declaraciones que tienen un calendario procesal en Estados Unidos”, apuntó y reveló que varios de los socios de Murillo, como Luis Berkman de BRS ya declararon en la fase preparatoria de este proceso.
“Con las demoras que se han dado por las diferentes dilaciones que, en su momento, hizo en el juicio penal el señor Arturo Murillo, nuestro juicio ha tenido que diferirse porque varios de los testigos que teníamos en este proceso, eran testigos que tenían que declarar” en el proceso planteado por Estados Unidos, precisó Chávez.
El 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se querelló contra Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción en ese país. El exministro se inculpó y ahora cumple una pena de 70 meses en la prisión federal de Miami.
La compra de estos gases lacrimógenos antidisturbios —100.000 proyectiles, 24.000 granadas y balines de goma— fue autorizada con tres decretos: El 4090 del 3 de diciembre de 2019, luego se firmó el 4116 del 12 de diciembre de 2019 que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, está el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020 que autorizó el desembolso de Bs 40.068.000, equivalente a $us 5,6 millones, para pagar esos insumos.
La norma también validó el mecanismo para que el presupuesto del Ministerio de Defensa, empleado en la operación, pase al Ministerio de Gobierno que es la entidad que adquirió el material no letal en favor de la Policía. Por este motivo, está implicado Luis Fernando López, quien fue ministro de Defensa en ese entonces.
De acuerdo con un informe de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa “emitió una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 y muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía Cóndor de Brasil por aproximadamente $us 3.357.735, lo que dejó a la compañía Intermediaria con aproximadamente $us 2.291.402”.
