Activistas ambientales mediante un memorial interpusieron este viernes 31 una denuncia formal ante el tribunal Agroambiental de La Paz en el que han requerido la aplicación de medidas cautelares contra Ramiro Cuevas, presunto responsable del ingreso ilegal al parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PNAMI) junto a una caravana de maquinaria pesada probablemente de propiedad de ciudadanos chinos.
La referida denuncia se apoya en normativas vigentes como el artículo 34 de la Constitución Política del Estado que faculta a cualquier ciudadano, tanto a título individual como en representación de una colectividad a ejercitar acciones legales en defensa del medio ambiente.
Por su parte otro de los incisos (ii) del citado artículo 39 establece que “cualquier persona individual o colectiva que conozca la vulneración de los derechos de la Madre Tierra tiene el deber de denunciar este hecho ante las autoridades competentes”, lo cual viabilizaría la presentación de la citada denuncia.
Maquinaria pesada
Es así que de acuerdo al memorial presentado, Ramiro Cuevas, quien estaría en condición de dirigente de la central de Cooperativas Mineras de Apolo y representante de la cooperativa Virgen del Rosario, sería el principal promotor del hecho en el que mineros ilegales ingresaron al PNANMI Madidi habiendo amenazado con un arma de fuego a Raúl Santa Cruz, Jefe de Protección de la Zona B por exigirles autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
La caravana de maquinaria pesada, según narró Santa Cruz desde el puesto de control en una conversación con Marcos Uzquiano, Jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, habría estado compuesta por cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas cargados de combustible,; dichas destinados a realizar actividades mecanizadas de minería en las riberas del río Tuichi y cuyos dueños serían ciudadanos chinos .
Cabe agregar que el Tribunal Agroambiental, que es una de las instancias que constituyen el órgano judicial junto al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Judicatura, cuenta con cinco magistrados.
