El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, escribió una carta en la que confirma que recibió la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el penal de Chonchocoro y pidió que se conforme un nuevo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue las violaciones a los derechos humanos durante los 36 días de paro cívico por el Censo.
“Hoy recibí la visita de la CIDH en la celda donde me encuentro secuestrado por esta dictadura que lleva más de 180 presos en su espalda. La entrevista era necesaria, no para que me queje de las violaciones constantes a mis derechos humanos que vengo sufriendo desde el día que me secuestraron, sino para que los comisionados de la CIDH escuchen de mi boca el relato de lo que realmente sucedió durante las protestas de los 21 días del 2019, cuando junto al pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia”, indica la carta.
Los comisionados llegaron al penal de máxima seguridad esta mañana para constatar la situación de los privados de libertad. También aprovecharon para atender la solicitud de entrevista que hizo el gobernador cruceño para denunciar las violaciones a sus derechos por una persecución política.
Según indica la misiva, el Gobernador contó a los delegados sobre las luchas cívicas que lideró el pueblo cruceño en los últimos tiempos para demandar atención del Gobierno a las necesidades de la región, una de ellas fue la ejecución del Censo de Población y Vivienda como estaba previsto.
“Paramos durante 36 días exigiendo algo que por derecho nos corresponde y lo único que conseguimos del gobierno masista fue represión brutal por parte de la Policía, detenciones arbitrarias y persecución judicial. Por todo esto, el pedido más importante que realicé a los comisionados de la CIDH es que se conforme un nuevo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue las represiones brutales realizadas por la Policía en contra del pueblo cruceño que generaron tanto dolor y muerte en la sociedad civil que ejercía su derecho a protestar pacíficamente contra un gobierno negligente. Espero que este pedido sea atendido lo antes posible por la CIDH. El pueblo boliviano y el pueblo cruceño necesitan justicia”, sostiene la autoridad departamental en su manuscrito.
Santa Cruz ejecutó un paro de 36 días durante el año pasado en demanda de que se garantice la redistribución de escaños parlamentarios para las elecciones del 2025 y la redistribución de recursos económicos con los datos oficiales del Censo. Por ello, pedían que el empadronamiento se realice el 2023.
En un inicio, el Gobierno garantizó la encuesta nacional para noviembre del 2022, pero luego anunció una reprogramación para el primer semestre del 2024 y sostuvo que tendría los datos oficiales totales entre el 2025 y 2026, lo que permitirá que la nueva información recién sea aplicada en los comicios del 2030.
Con las medidas de presión, se consiguió que el Gobierno garantice que los datos serán aplicados en las elecciones del 2025, pero mantuvo la ejecución del Censo para el 2024.
