Entre 2020 y lo que va de 2023, 176 efectivos de la Policía que cumplen funciones en los recintos carcelarios del país fueron derivados a la justicia ordinaria y a instancias disciplinarias.
“27 servidores policiales que cumplían funciones en cárceles del país fueron puestos a disposición de la justicia penal y 149 policías a disposición de la instancia disciplinaria institucional, siendo sancionados 28 servidores con la baja definitiva y el retiro temporal de la institución, encontrándose los otros casos aún en proceso”, informó la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria por medio de una nota dirigida a ANF.
La dirección penitenciaria señala que estas acciones se enmarcan en la política que se sigue para reducir los hechos irregulares y delitos cometidos por funcionarios policiales.
“Ésta decidida acción del mando superior ha permitido una disminución considerable en el último tiempo de la participación de servidores policiales en acciones delictivas y faltas disciplinarias”, se lee en la carta.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la dirección de Seguridad Penitenciaria, efectivos policiales siguen implicados en casos de corrupción en los penales, según denuncias de los privados de libertad y sus familiares.
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, dijo que las autoridades policiales están “conscientes en que debemos mejorar día a día”, por lo que “tomamos las críticas con reflexión y de forma proactiva”.
“Nuestra labor continuará con firmeza, solvencia, transparencia, especialidad y técnica”, enfatiza el coronel y destaca que, en relación con otros países, Bolivia “cuenta con los recintos penitenciarios más seguros de la región”, en el entendido que “preservar la seguridad de los privados libertad y de la población en su conjunto debe ser una absoluta prioridad”.
