El caso data desde 1994, cuando la ciudadana argentina fue víctima de irregularidades en un proceso penal en Bolivia.
La Procuraduría General del Estado (PGE), en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa del Caso 11.426 “Marcela Alejandra Porco”.
En ese sentido, el procurador Wilfredo Chávez informó que la PGE acudió al mecanismo de solución amistosa, que permite generar espacios de diálogo entre peticionarios y estados de modo de alcanzar acuerdos, que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas.
El 30 de diciembre de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) recibió una solicitud de medidas cautelares, presentada por la organización Servicio Paz y Justicia, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional “CEJIL”, la Asociación Justicialista de Abogados, Fernando Rizzi y Gaspar Porco (los peticionarios) en nombre de Marcela Alejandra Porco, ciudadana argentina, de 25 años de edad en ese entonces, refiere un informe de la PGE.
Posteriormente, también se presentó una petición en contra del Estado de Bolivia por la vulneración de sus derechos en relación a las presuntas irregularidades en el proceso penal seguido contra Marcela Alejandra Porco y por haber sido alojada en la cárcel de Palmasola, a pesar de sufrir alteraciones mentales, sin proporcionarle la atención y seguridad que su estado físico y psíquico requería, debido a la prohibición expresa en la Ley 1008 del beneficio de la libertad provisional (vigente en ese momento).
Por ello, la última firma del Acuerdo de Solución Amistosa se concretó este viernes en la Embajada de Bolivia, en la República Argentina – Buenos Aires, con la hija de Marcela Alejandra Porco (fallecida), Antonela Grisi, con lo que se evitó la vía contenciosa para el Estado boliviano.
