Los hijos son los más afectados luego del crimen.
En solo seis años, el país ha registrado al menos 672 hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio; de ellos, 599 resultaron ser menores de edad en el momento de la tragedia.
Los datos fueron contabilizados, entre enero de 2016 y diciembre de 2022, por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, una organización de mujeres activistas que hace el seguimiento a la problemática de violencia contra la mujer a través de los medios digitales, medios de comunicación y reparticiones oficiales. Sobre esta última, hasta la fecha no existen datos sobre la cantidad de huérfanos de feminicidio en el país; sí de los casos de feminicidio de las últimas gestiones. Para distintos organismos, la ausencia de esa información es una falencia en el Estado.
NORMAS.
Además de ello, aseguran que no hay políticas públicas de protección ni mucho menos normas para el procedimiento del trato a los menores de edad en la recolección de evidencias para determinar el grado de culpabilidad del feminicida, que en la mayoría de los casos resulta ser el propio padre o padrastro.
Para Eulogia Tapia, activista de la institución, el feminicidio tiene “un costo social” que recae en las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. “Lo peor les toca a los huérfanos porque se quedan sin nada. Muere la madre, el padre está en la cárcel o a veces decide quitarse la vida o está prófugo”.
La Ley 348, Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2013, establece en el artículo 36 que, en casos de feminicidio, los hijos e hijas deben ser puestos de manera inmediata bajo custodia de la familia ampliada de la madre. Un gran porcentaje de los padres de la víctima asume el cuidado de los niños de sus hijas asesinadas; no obstante, la mayoría sobrepasa de los 50 y 65 años de edad.
Ante esto, resalta el refugio de emergencia, que recae en los tíos y/o padrinos, que no necesariamente es permanente. Tapia cuenta que a veces hay “hermanitos”, que comprenden de cinco o siete integrantes, y que en estos casos “muchas veces son divididos o son hacinados en un ambiente”. Mientras de aquellos que no tienen familia ampliada materna, son dispuestos en los centros de acogida del Estado “e inclusive unos terminan en la calle”.
Así, cuestionó al Estado por la carencia de apoyo a este sector y recordó que en julio de 2021 la Defensoría del Pueblo —encabezada en ese entonces por al ahora viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz— presentó el proyecto de ley que propone un bono mensual y asistencia integral de niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidios. Sin embargo, esta norma avanza “a paso lento”.
RÉPLICA.
El pasado 8 de marzo, en referencia al Día de la Mujer, el oficialismo presentó proyecto de “Ley de Protección del Estado a las Hijas e Hijos de las Mujeres Víctimas de Feminicidio en el País”. Esta propuesta fue puesta a consideración de la Asamblea Legislativa por la diputada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) Bertha Acarapi, en coordinación con la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Luego de socialización y aportes con diferentes instancias estatales y organizaciones sociales se prevé que pase a consideración del Órgano Ejecutivo.
De manera general, la norma pretende “la reparación integral del daño; la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, educación, salud y vivienda, además de fortalecer el sistema de protección con recursos humanos, económicos, infraestructura, material logístico-TIC, einstitucionalización de cargos”, dijo Acarapi
Tapia auguró que los proyectos de ley sean considerados y no mueran en el intento. “Hablamos de un sentimiento de empatía con los niños. Saber qué pasa con ellos, dónde están; en qué situación están, quién los cobija, qué comen, si estudian”, señaló.
SOLEDAD.
Los hijos e hijas de las mujeres fallecidas por feminicidio se ven enfrentados al tremendo panorama de perder a su madre y, usualmente, de separarse de su padre o pariente cercano responsable del delito. Sufren un duelo simultáneo y caen en una condición de orfandad caracterizada por el trauma, el duelo y la desprotección, explicó a LA RAZÓN la presidenta del Colegio de Psicólogos de Bolivia, Verónica Alfaro.
En el ámbito de la psicología forense, a la profesional le ha tocado evaluar a niños huérfanos de feminicidio y reportó que se trata de un problema social altamente “dramático” para las vidas de estos seres, ya que fueron privados de tener un desarrollo normal y fueron sometidos a un cambio drástico en sus vidas.
“Van a ser unos niños retraídos intelectualmente, no van a tener las mismas posibilidades en el ámbito social; son niños que, inclusive, algunos recurren a la autolesión, o a situaciones de riesgo de suicidio. Les han quitado el lazo afectivo (de una madre) y adquieren una especie de culpa y/o vergüenza porque generalmente (su padre) está en prisión”, describió.
Este panorama es más traumático cuando el niño, niña o adolescente fue testigo del feminicidio. Cuando esto sucede, se queda solo con el cuerpo muerto de su madre, o a veces presencia el suicidio de su padre. Ante ello, el huérfano se convierte en la única fuente de información para la Policía, la Defensoría y la Fiscalía, además de otras instituciones.
Un punto importante que resaltó Alfaro en esta circunstancia es la carencia de conocimiento de protocolos profesionales y políticas públicas que permitan aquello en el trato de las víctimas que quedan como testigos. Las instancias incurren en la revictimización de los menores de edad. “Tienen que ir a la Defensoría, al (Instituto de Investigaciones Forenses) IDIF, a Protección y de Víctimas de Testigos y también a declarar en peritajes; es una situación totalmente revictimizante”, señaló.
“Porque la normativa dice que tiene que seguir estos pasos para atrapar al culpable. La función principal es atrapar al culpable y darle la sentencia máxima de 30 años, pero no se hace nada por los menores vulnerables”, apuntó al referirse a la Ley 348.
Urge al Estado la modificación de la norma e incluir el aspecto psicológico —aseguró la profesional— para evitar la revictimización; y a la vez conseguir la mayor información, teniendo el menor riesgo posible para los huérfanos de feminicidio.
La ley no prevé que el psicólogo forense sea quien haga la evaluación; permite que lo haga un psicólogo de cualquier especialidad. “Tenemos nuestros propios protocolos, instrumentos y formas de poder ayudar, en este caso, a la Justicia, sin perder el lado humano de la víctimas”, dijo Alfaro.
Además de los niños en situación de orfandad, las familias también adoptan móviles distintos después de la tragedia; es decir que la familia que acoge a los niños —usualmente es el de la madre— enfrenta el dolor y el luto; mientras que el del padre, normalmente, maneja una carga de pena y culpa. En ese sentido, ambas familias suelen tener lugar a disputas entre las que se involucra a los menores huérfanos.
“Los familiares maternos generalmente hablan con odio sobre el ‘padre asesino’; en contraste, los familiares paternos tienden a señalar el comportamiento de la madre como la provocación para el delito”, explicó la psicóloga.
El feminicidio es la situación extrema de la violencia. Solo en febrero el país registró cinco casos y de los cuales quedaron 13 huérfanos, todos menores de 10 años.
Uno de los casos que más conmocionó a la población fue el de Wilma (38), quien fue asesinada el lunes de Carnaval y dejó en la orfandad a cuatro hijos, de 8, 4, 2 y un bebé de ocho meses.
Su esposo la golpeó y torturó hasta matarla; el hijo mayor de ambos intentó defenderla pero fue sometido a maltratos.
El informe forense indicó que Wilma falleció por asfixia mecánica por broncoaspiración y su cuerpo presentaba un edema cerebral y traumatismo craneoencefálico y facial, golpes en la cabeza y en el rostro. El asesino solo dijo que “se le pasó la mano”.
A través de los medios de información se sabe que la abuela materna se haría cargo de los niños; esto es lo último que se supo. Es otro caso de acogida de huérfanos en la familia ampliada.
Proyecto busca bono para las víctimas
Luego de que la carrera de Sociología de la UMSA realizara un diagnóstico situacional de los casos emblemáticos de feminicidio en el país, que develó situaciones preocupantes de los hijos e hijas de las mujeres que fallecieron por este crimen, la diputada del MAS Bertha Acarapi presentó un proyecto de ley de protección del Estado a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
Con esta norma se busca que el Gobierno, a través de sus oficinas, brinde una atención integral, acompañamiento psicológico y la satisfacción de las necesidades básicas, como el derecho a la educación, acceso a la salud y una vivienda, dijo Acarapi.
Además, apoyar a las familias ampliadas con un bono económico. “En algunos casos, la abuela se hace cargo de los niños, aquellas que tiene 80 o 70 años; que aparte de buscar justicia y recursos económicos, tiene que alimentar a los niños y niñas que son víctimas de feminicidio”, explicó.
Para la obtención de este bono, la diputada aseguró que el país atraviesa una economía sustentable y tiene una buena administración. Afirmó que las empresas estatales y otras instancias podrían destinar los ingresos, así como lo hacen con el bono Juana Azurduy, bono Juancito Pinto o el bono de la Renta Dignidad.
