El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) a través de su investigador, Alfredo Zaconeta, afirmó que el Gobierno no necesita impulsar la Ley del Oro para aumentar las reservas internacionales, sino apegarse a la actual Ley 535 de minería y metalurgia, que contempla la instalación de una refinería para el metal dorado, de tal forma de garantizar que lo que se produce en el país, le sirva al Estado.
“El MAS si fuera coherente con su discurso y con las leyes aprobadas en los últimos 15 años, hubiese dispuesto la instalación de una refinería estatal de oro, para así centralizar toda la producción nacional del metal dorado, acogiéndose al artículo 173 de la Ley 535”, afirmó a Brújula Digital.
El especialista apuntó a la Ley minera, que contempla que los actores productivos mineros y los comercializadores ofrecerán obligatoriamente en venta sus minerales y concentrados de mineral, primero a las fundiciones o refinerías estatales y luego a las privadas en el territorio nacional.
La ley minera señala que la producción no vendida a dichas empresas podrá ser comercializada o exportada libremente en el mercado internacional.
El proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, justifica la normativa en el hecho de que las reservas de oro se incrementaron de manera sostenida desde el 2015, debido a la reducción del stock de reservas monetarias y al incremento del precio del oro.
Respecto a la Ley del Oro dijo que el Gobierno “socialista” del MAS a la cabeza de Luis Arce, da una nueva muestra de su apego a la lógica del libre mercado, buscando competir con las comercializadoras de oro, sin haber aprendido de sus fracasos durante el Gobierno de Evo Morales, con la Empresa Boliviana de Oro.
“Para hacer efectivo esto, debería modificar el mismo artículo en su inciso d), que exime de dicha obligación a los mineros que no produzcan más de 200 toneladas métricas brutas de otros minerales metálicos, certificada por el Senarecom y excluir al oro de esa exención, al tratarse de un mineral estratégico para el país”, subrayó.
Las reservas de oro, según el proyecto de ley, señala han incrementado sostenidamente su participación desde el 2015, debido a la reducción del stock de reservas monetarias y al incremento del precio del oro.
“Con esto, el Gobierno podría zanjar el falso debate por posibles afectaciones a los operadores mineros que niegan posibilidad de debate a cualquier medida que afecte a sus intereses”, indicó.
Otra observación que tiene el investigador al proyecto de ley, es el tema referido al contrabando de oro proveniente de Perú y que este no termine siendo adquirido por el Estado a través de esta norma que, de hacerlo, se estaría incurriendo en un delito legalizando lo ilegal.
“Además, hasta el momento no se estableció el cupo o volumen que se pretende comprar de parte del Estado con el Plan Anual de Adquisición de Oro, ni a quienes, esto es una de las causantes para mayor susceptibilidad de parte de los cuentapropistas auríferos”, dijo.
En este marco señaló que se pone en evidencia al sector minero cooperativista, que supo y sabe cuidar sus intereses, plasmados en leyes, decretos supremos o resoluciones ministeriales, para capitalizar mayor poder político, que les permita vulnerar la actual normativa.
Como ejemplo de esta situación indicó que el sector aurífero vulnera de manera evidente el artículo 151, numeral I de la Ley 535 que señala: “Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o extranjeras”.
La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz observó el proyecto de “Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”, por no incorporar el impuesto único acordado con el Gobierno en octubre del año pasado. Advirtió además de vacíos legales por no especificar en qué laboratorios se refinará el metal hasta lograr el 99,9% de pureza y bajo qué mecanismos compraría el Banco Central de Bolivia (BCB) a los mineros.
Proyecto de régimen tributario
En cuanto a la propuesta del sector cooperativista aurífero para pagar un impuesto único del 4,8% al valor bruto del oro, dijo que no es lo que los mineros señalan, en sentido de que favoreceré al Estado.
“En versión de los proyectistas de este Régimen Tributario tendría un fuerte impacto recaudatorio para beneficio del erario nacional, empero, si uno hace una estimación sobre el valor de exportación de oro de la gestión 2021, que alcanzó a $us 2534 millones, aplicando este Impuesto Único del 4,8%, el Estado apenas llegaría a recaudar $us 121 millones”, citó.
El tributo en cuestión aún no fue elevado a rango de ley, pero, de concretarse –advirtió Zaconeta- impediría la posibilidad de que el Estado boliviano reclame otro pago por la explotación de oro en el país, hoy en dominio de las cooperativas mineras. Además, se sienta jurisprudencia para un trato preferencial de tributos, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables.
