La historia de El Alto está definida por la Revolución del 52, la lucha contra las dictaduras y las reivindicaciones sociales del siglo XXI

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En 1986 El Alto se separó administrativamente de La Paz y asumió las riendas de la autodeterminación.

Dejó de ser una más de las subalcaldías de La Paz, la “ciudad satélite” de los años 60 y 70, y se encaminó a una entidad administrativa autónoma con sus propias autoridades, sus propios recursos y su propia institucionalidad municipal.

Independientemente de la separación histórica, legal y administrativa, El Alto y La Paz ya se encontraban, antes de 1986, divididas por el quiebre geográfico y topográfico que representa La Ceja.

El Alto, emplazado a 4.000 metro sobre el nivel del mar, ya era la capital andina del inagotable altiplano y bien conectado al sur de Perú y el norte de Chile, y la hondonada paceña, encerrada entre montañas.

Se tienen las primeras referencias de instalaciones civiles y edificaciones destinadas a vivienda en El Alto, principalmente vinculadas con los ferrocarriles La Paz-Guaqui (1912), la Escuela de Aviación (1923), las oficinas del Lloyd Aéreo Boliviano (1925), el Golf Club de la familia Ormachea (1925) y los galpones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (1933).

En la década de 1950, cuando La Paz tenía unas 267.000 personas, El Alto ya contaba con una serie de instalaciones ferroviarias, aeroportuarias, terminales de carga, depósitos especializados, una serie de lotes cercados pero no habitados y unas 3.000 personas tal como muestran las fotografías aéreas de entonces.

Revolución del 52

La participación de los vecinos de El Alto en la Revolución del 9 de abril de 1952 contribuyó a que este territorio adquiera una mayor relevancia.

La Revolución del 52 allanó la participación popular en las luchas sociales. Las primeras juntas vecinales alteñas respondieron a la voluntad de organizar políticamente a los sectores populares.

El Alto, para 1962, descrito en los periódicos de la época como “los altos de La Paz,  se acerca a los 10.000 habitantes, distribuidos principalmente en seis villas distantes que rodeaban la pista de aterrizaje y que la articulaban con La Ceja como punto de entronque con La Paz.

En veinte años, de 1956 a 1976,  la población de El Alto se multiplicó más de 15 veces: de cerca de 10.000 personas a 95.000, según el Censo de Población de ese año.

El Censo de 1976 indica que la población de Bolivia era de 4.613.486 habitantes, y la región de El Alto estaba conformada por 95.455 habitantes.

El Censo determina el incremento incontrolado de loteamientos de obreros, fabriles, maestros, cooperativistas, excombatientes de la Guerra del Chaco y campesinos en el marco de  un proceso migratorio nunca antes visto.

Los migrantes provienen de áreas urbanas cercanas, como del resto del país.

Son las primeras manifestaciones de los cambios introducidos por la Reforma Agraria de 1952, el minifundismo rural y la apertura a una modernidad urbana, hasta entonces no accesible para muchos.

El crecimiento de El Alto nunca  se limitó, desde sus orígenes, a un fenómeno exclusivamente campesino, aunque los trabajadores agrarios le otorgaron una característica de ciudad aimara.

En 1978, las juntas vecinales participaron activamente en los movimientos que reivindicaban un régimen democrático y se oponían a los golpes de Estado de Natusch Busch (1979) y García Meza (1980).

Sin duda no es por casualidad que la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) se creara oficialmente en 1979.

Un congreso que reunió a las juntas vecinales definió la federación como una organización encargada de representar a la población de las zonas de El Alto en cuanto a los servicios y a las infraestructuras a nivel local y de servir de lazo con las reivindicaciones democráticas a nivel nacional.

El regreso a la democracia en 1982 marcó una nueva etapa en el desarrollo de las juntas vecinales: una relación ambivalente de negociación y de oposición al Estado que asistió a la interpelación de las autoridades por las organizaciones cívicas que reclamaban mejores condiciones de vida luego de una quincena de años de ausencia de políticas públicas para sus barrios.

Las sequías, inundaciones, crisis económica y la relocalización de mineros provocaron entre 1983 y 1986 uno de los procesos migratorios más intensos de los años ochenta hacia la ciudad de El Alto.

Y en 1986, como consecuencia de una lucha que duró varias décadas, El Alto dejó de ser un barrio de La Paz.

Siglo XXI

Uno de los símbolos de las luchas sociales de esta ciudad es la pequeña iglesia de San Francisco de Asís, fundada en octubre de 1996, en una discreta calle del caótico, bullicioso e industrial barrio de Senkata, en el Distrito 8 de la ciudad.

La pequeña parroquia fue testigo de dos violentos sucesos: el de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, y el de 2019, en el régimen de Jeanine Áñez.

Sin la vanidad y esplendor de otras iglesias católicas, sin retablos antiguos ni ornamentos de lujo, el pequeño templo de San Francisco de Asís fue el refugio para quienes escaparon de la metralla, la sala de urgencia que atendió a heridos de bala, la mesa de autopsias o el salón para velar a los difuntos durante los aciagos días de Sánchez de Lozada y Áñez.

2003

Las revueltas ciudadanas en 2003 se originaron en oposición al plan del ultra liberal Sánchez de Lozada y de su vicepresidente Carlos Mesa de consolidar la exportación de gas natural a Estados Unidos y México, a través de un puerto chileno, en condiciones desventajosas para el país.

La elección de Chile despertó un gran rechazo popular alteño, presente aún en la memoria colectiva la reivindicación marítima y el reclamó por una salida soberana al océano Pacífico, perdida en la Guerra del Pacífico (1879 – 1884).

«Yo no voy a renunciar». Así de tajante reaccionaba Goni, conocido el expresidente con ese sobrenombre, pocas horas antes de su renuncia, el 17 de octubre de 2003, ante los disturbios callejeros que en El Alto que ya se habían cobrado la vida de más de 60 personas en tres semanas de conflicto, que se iniciaron en septiembre de ese año.

La iglesia alteña refugió en plena crisis a heridos y sus familias y trató con respeto a los cuerpos de los fallecidos.

Un gigantesco operativo militar para transportar combustibles en una caravana de cisternas de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a La Paz y el resto del país acabó con una masacre de civiles desarmados. Ese fue el punto de inflexión que provocó la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada.

2019

El 15 de noviembre de 2019, tres días después de autoproclamarse Jeanine Áñez como presidenta, en el desarrollo de intervenciones militares para aplastar protestas ciudadanas, murieron 11 civiles en Sacaba y otros 120 resultaron heridos.

El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, otros 11 civiles fallecieron y 78 resultaron heridos.

Los movilizados exigían la renuncia de Añez.

A la iglesia de San Francisco de Asís acudían cientos de personas cada día en busca de algún familiar. A los fallecidos se les practicó la autopsia de ley en ese lugar y luego recibieron las dolorosas honras fúnebres.

A 4.000 metros sobre el nivel del mar, desde la pequeña parroquia es posible ver el nevado Illimani y sentir el suave y frío viento andino de los imponentes Huayna Potosí y Mururata.

1,5 millones de habitantes

La urbe más joven de Bolivia, hoy con 38 años, la segunda más poblada de Bolivia, tiene una intensa actividad comercial, con miles de pequeñas y medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos.

Tiene, además, una de las ferias más grandes del mundo.

También es la zona de exportación de recursos minerales del país y materia prima procesada. Es una de las ciudades con más rápido crecimiento, que prevé llegar a 1,5 millones de habitantes para el Censo de 2024.


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