Agrega que no se realiza una adecuada clasificación de los privados de libertad, de modo que personas altamente peligrosas están con personas que han cometido delitos menores.
La Defensoría del Pueblo realizó una inspección en 10 centros penitenciarios del territorio nacional y evidenció que solo existe 1.500 funcionarios policiales que resguardan las cárceles, donde hay al menos 25.000 privados de libertad. Además, alertó de una sobrepoblación de reos de aproximadamente 168%.
De los 25.000 mil privados de libertad, solo el 35% tiene sentencia condenatoria, mientras que el 65% se encuentra con detención preventiva, según datos de Régimen Penitenciario.
“En los centros penitenciarios hay poco personal policial, pues se tiene un poco más de 1.500 policías para una población de 25.000 personas privadas de libertad. Aunque hay que aclarar que estos uniformados trabajan por turnos, es decir, que no todos están haciendo vigilancia al mismo tiempo”, afirmó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
Callisaya dijo que en los centros penitenciarios también se observan deficiencias y limitaciones en la atención médica, además de hacinamiento, que son factores indirectos para que ocurran fallecimientos en las cárceles.
“Hemos encontrado que de los 10 centros penitenciarios que hemos visitado en esta jornada, solo en dos hay personal médico y en ninguno existen ambulancias, en uno hemos hallado medicamentos vencidos. En estas condiciones, estamos poniendo en situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad”, indicó.
En esta jornada, llevó adelante una verificación en 10 centros penitenciarios del país con la finalidad de obtener información para analizar las razones por las cuales se han estado produciendo muertes, tanto naturales como violentas.
“Hemos ratificado la persistencia del hacinamiento”, señaló la autoridad defensorial, al indicar que la institución defensorial ha desplazado a su personal en los nueve departamentos del país para verificar: las condiciones de los ambientes, realizar entrevistas al personal médico, a los jefes de seguridad y personas privadas de libertad.
Callisaya anunció que en los próximos día se reunirá con Régimen Penitenciario para analizar las soluciones o salidas a los problemas que se han detectado en la visita a las cárceles.
Detalló que en 2022, 12 personas murieron en las cárceles del país, de las cuales nueve fallecieron por causa natural, dos por suicidio y uno por homicidio.
“Es decir, que la principal causa de muerte es la causa natural y por ello tenemos que analizar principalmente la efectividad de los servicios de salud”, remarcó.
Señaló que se ha detectado que no se realiza una adecuada clasificación de los privados de libertad, de modo que personas altamente peligrosas están con personas que han cometido delitos menores por una primera vez.
Se ha identificado que las cárceles están llenas de detenidos preventivos, pues de cada 10 personas siete tienen esa condición, añadió.
Los centros penitenciarios donde se realizó esta inspección son: Palmasola varones (Santa Cruz), Morros Blancos (Tarija), Centro Penitenciario El Abra (Cochabamba), Centro Penitenciario La Merced (Oruro) y Centro Penitenciario Villa Busch (Cobija).
Además, el operativo alcanza al Centro Penitenciario de Mocoví (Trinidad), Centro Penitenciario de San Roque (Sucre), Centro Penitenciario de Cantumarca (Potosí), Centro de Rehabilitación Qalahuma (Viacha) y el Centro Penitenciario San Pedro (La Paz), hasta donde llegó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
