Llanos plantea que se debe cambiar al personal policial de las cárceles para que sean administradas por personal civil capacitado, de lo contrario, la complicada situación se mantendrá.
Al menos tres muertes, intentos de fugas y denuncias de golpizas o torturas en tan solo dos meses en lo que va del año develan que el penal de Chonchocoro pasó de ser una cárcel de “máxima seguridad” a un centro inseguro con falencias en personal capacitado, falta de tecnología como sistema de video vigilancia y enfoque de rehabilitación de los internos; aunque para el Gobierno se trata de “una de las cárceles más seguras de América Latina”.
De acuerdo con el análisis de expertos en temas carcelarios, la situación del penal de Chonchocoro es solo una muestra de la crisis penitenciaria en la que está Bolivia desde hace muchos años y que el Estado Plurinacional no resuelve.
De enero a la fecha se registraron tres muertes en este penal: dos de ellas el 20 de febrero, cuando se encontró a dos internos colgados en el taller de hojalatería del penal; otra muerte, el 12 de febrero, de un interno a causa de recibir golpes en la cabeza con un palo de escoba de parte de otro interno al que intentó abusar sexualmente. El hecho ocurrió en medio de consumo de bebidas alcohólicas.
Luego de las muertes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mencionó que Chonchocoro “es una de las cárceles más seguras de Latinoamérica”, pese a que un informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta que solo hasta 2018 se conocieron al menos 22 asesinatos y que expertos calculan cerca a la treintena de muertes a la fecha.
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sostuvo que no existen protocolos para el manejo de las cárceles, mucho menos reglamentos, lo que las convierte en “tierra de nadie, donde impera el abusivo”.
Llanos plantea que se debe cambiar al personal policial de las cárceles para que sean administradas por personal civil capacitado, de lo contrario, la complicada situación se mantendrá.
Máxima seguridad sin tecnología
Llanos critica la falta de tecnología, en especial las cámaras de videovigilancia, para garantizar la seguridad en Chonchocoro. Pero este penal tampoco cuenta con un sistema biométrico para las visitas e inhibidor de llamadas para teléfonos celulares. Tiene construida la infraestructura para un escáner que no funciona desde hace más de un año.
“No hay cámaras en el interior ni al exterior en Chonchocoro, no hay nada, es tierra de nadie. Es inaudito que no haya cámaras (funcionando), no quieren que veamos los abusos, cómo los golpean, cómo los torturan, las golpizas a internos, las golpizas entre internos y si no es así que las muestren”, enfatizó.
Los sistemas de video vigilancia en cárceles juegan un papel fundamental y esencial para mantener los niveles de seguridad con el fin de evitar el contrabando, los escapes, la violencia, los suicidios y proveer seguridad al personal, los visitantes y a los presos dentro de estas dependencias.
No obstante, una de las cárceles de “máxima seguridad”, como es Chonchocoro, aún no cuenta con un sistema de video vigilancia en funcionamiento, según confirmó a ANF Franz Laura, director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz.
“El ministro (Eduardo Del Castillo) entregó cámaras el año pasado y en Chonchocoro se está procediendo con el tema técnico para presentar el funcionamiento, depende de la parte técnica”, dijo Laura el 27 de febrero de este año.
El 14 de diciembre de 2022, el Gobierno informó que entregó una segunda fase del Sistema Integrado de Comando y Control para Seguridad Ciudadana Bol-110, mediante el cual pondría en marcha un sistema tecnológico de vigilancia en 11 cárceles del país, entre ellos Chonchocoro; sin embargo, aún no está en funcionamiento.
El equipamiento entregado constaría de detectores de metal, equipos de rayos X para equipajes, centros de monitoreo con cámaras, inhibidores de señal para teléfonos celulares, entre otros.
Ocurre similar situación en el caso de dos aparatos de escáner corporal (body scanner), entregados a Chonchocoro en octubre de 2021, de los que se anunció que entrarían en funcionamiento en “unos días” pero a un año y cuatro meses continúan sin uso.
“Estamos haciendo un seguimiento con la empresa que hizo la instalación y la capacitación a los funcionarios, se ha estado actualizando el sistema eléctrico, que es de un simple a un monofásico”, sostuvo Laura al respecto.
Foto: Urgente.bo
Personal penitenciario inadecuado
No obstante, a las falencias tecnológicas, Ramiro Llanos y Nadeshda Guevara, exdirectora del Servicio Para la Prevención de la Tortura (Sepret), coinciden en que el principal elemento a mejorar en Chonchocoro es el del personal que debe ser debidamente capacitado en temas penitenciarios.
“Lo esencial es el personal penitenciario, que tenga carrera en esta área, por más tecnología moderna que haya si el personal no está imbuido de prácticas adecuadas, de honestidad, ética, del deseo de rehabilitar, ningún elemento tecnológico va a servir en cárceles”, dice Llanos.
En tanto, Guevara explica que entre las recomendaciones hechas a Bolivia por el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2021, está la de capacitar permanentemente a los funcionarios públicos en cárceles.
“Pero no puede ser una capacitación superficial, tiene que ser una capacitación que incida en nuestros funcionarios públicos y también una desnaturalización de la tortura y los tratos crueles en la sociedad civil”, indica Guevara a ANF.
Guevara enfatiza en que la falta de formación de los funcionarios policiales como del personal civil en temática de respeto a los derechos humanos hace que puedan incurrir en estos actos crueles y torturas principalmente a privados de libertad en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, de pueblos indígenas, personas de la tercera edad y de la comunidad Lgtb (Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales).
Los hechos de este año
Entre otros casos, el 31 de enero el interno brasileño Felipe E. Menezez Iglesias fugó, en medio de una balacera, del Hospital de Clínicas de La Paz; en el hecho perdió la vida uno de sus custodios, que además no contaba con el arma reglamentaria. Posteriormente se recapturó al recluso junto a cuatro cómplices.
El 4 de febrero, un privado de libertad intentó fugar por uno de los muros del perímetro externo de Chonchocoro y se lo encontró cubierto con un cuero de oveja, con el que pensaba pasar desapercibido.
El 17 de febrero, la abogada del dirigente cocalero César Apaza, interno de Chonchocoro, denunció que su defendido fue víctima de golpizas y torturas desde su ingreso al penal (7 de noviembre de 2022), situación que, junto con la mala atención médica en el lugar, derivaron en un cuadro de derrame cerebral (embolia), por el que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital de Clínicas.
“Esos son los casos que se conocen, ¿y de los casos que no?”, dijo Llanos, aludiendo a que diariamente se registran muchos otros casos similares que no son públicos porque nadie se entera.
El penal de Chonchororo, ubicado en el municipio de Viacha, tiene una población cercana a 700 privados de libertad, en una infraestructura construida para 330 personas por lo que se encuentra con problemas de hacinamiento, albergando personas sentenciadas y con detención preventiva. Aunque, según su concepción, ratificada mediante una resolución oficial, este penal debía ser utilizado para albergar solo a reclusos considerados de “alto riesgo” y para quienes tengan condena bajo delitos de narcotráfico.
