Desde la Gobernación, estiman que a medio año podrá entrar en funcionamiento.
El proyecto metropolitano de Playa Ancha está destinado para personas en situación de calle y drogodependientes. Ya existe la infraestructura -que está en Capinota-, el equipamiento y el personal. Sin embargo, aún no entra en funcionamiento.
La ejecución se inició en 2018 y la construcción concluyó en 2019 con una inversión de 28 millones de bolivianos. Tanto el nivel central, como la Gobernación y los gobiernos municipales han tenido participación con recursos económicos.
«Es un proyecto soñado que quiere resolver un problema social ya muy común y muy grande también que hemos ido arrastrando por años; el problema de situación de calle y drogodependencia en el departamento», indicó Carlos Solá, secretario de Desarrollo Humano, Cultura y Turismo de la Gobernación, en entrevista con El Mañanero.
Según un registro de hace tres años, había más de 3000 personas en situación de calle, entre niños, adolescentes, jóvenes, mediana edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras con hijos.
«Es un problema social que queremos erradicar en toda la Región Metropolitana y por ello ha nacido este proyecto. Estamos trabajando para su funcionamiento, ya se tiene concluido al 100% la infraestructura para una capacidad de 300 personas. Ahora es responsabilidad de toda la Región Metropolitana ponerlo en marcha, el funcionamiento, la atención de estas personas y su rehabilitación o su reintegración«, detalló Solá.
En ese sentido, indicó que la Región Metropolitana, tras compromiso del Gobernador Humberto Sánchez y los gobiernos municipales desde Sacaba hasta Sipe Sipe, suscribió un acuerdo que hasta el 15 de marzo deben hacer llegar todos los informes técnicos, legales, la suscripción del mismo y, posteriormente, el desembolso correspondiente.
A la fecha los municipios de Sipe Sipe, Tiquipaya y Sacaba ya remitieron la propuesta de convenio para su firma. Falta Cercado, Vinto, Quillacollo y Colcapirhua.
«Entendemos que existen algunas cuestiones administrativas que tienen que cumplir, pero tenemos que darles celeridad. Son 8 millones de bolivianos que se requiere al año para poder atender a más de 300 personas con personal especializado, profesionales en el área. La Universidad Mayor San Simón, a través de la Facultad de Humanidades, se ha sumado en la formación de diplomados a los profesionales, tanto de los municipios como de la Gobernación para que puedan atender a esta población. Su formación concluye en marzo y son más de 30″, agregó.
Entonces, ya se tiene preparado el recurso humano. Posteriormente, se tiene que concretar la suscripción del convenio para la implementación al 100%.
«Ojalá estos recursos se puedan canalizar de manera inmediata, especialmente de los gobiernos municipales que tienen mayor cantidad de población como Cercado, Quillacollo y Sacaba. Con ello podemos hacer realidad la implementación, por lo menos, a mediados de esta gestión«, afirmó.
Respecto al funcionamiento, Solá explicó que se tiene un protocolo nacional aprobado por el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que ya está vigente y consiste en que todos los menores de 18 años (niños y adolescentes) deben ser remitidos a los municipios para el abordaje y a las gobernaciones, que tiene que atender a esta población para su rehabilitación.
«Para mayores de 18 años no existe una normativa que permita su integración a estos centros. Sin embargo, la Gobernación está avanzando en un proyecto de ley departamental y en una coordinación interinstitucional. Se va a conformar un equipo de calle entre la Policía, personal de la Gobernación y de los municipios para poder abordar a esta población mayor a 18 años en situación de calle y drogodependencia y remitirla al centro», adelantó.
El proceso de rehabilitación consiste en la desintoxicación, deshabituación y reintegración, dura dos años. Solá aseguró que se está trabajando en la normativa que permita la integración de personas en situación de calle al centro y su rehabilitación. Paralelamente, se coordina con el Tribunal Departamental de Justicia en la conformación de una mesa interinstitucional sobre posible vulneración de derechos por su seguridad y de la sociedad en general.
Entre los servicios que ofrecerá Playa Ancha está el de salud para la etapa de desintoxicación, se deberá contar con profesionales en el área, enfermeros, médicos especialistas. También, la parte terapéutica con psicólogos, licenciados en educación, trabajadores sociales, terapeutas.
«Son más de 300 personas que se van a atender, como capacidad máxima, y el personal técnico, de servicio, seguridad y otros ascienden a más de 50 personas. Estamos hablando de una población muy delicada, que requiere un tratamiento muy especial, con personal idóneo, formado. Actualmente, se trabaja con un 20% de su capacidad y el desafío es ponerlo al 100% hasta mediados de esta gestión», complementó el secretario.
