La creación del Impuesto Directo a los Recursos del Oro (IDRO), sugerida por el alcalde de La Paz, Iván Arias, puede significar mayores ingresos para el Estado boliviano, que actualmente se beneficia con una ínfima porción de los ingresos por ventas del preciado metal; sin embargo, un analista en minería considera que la medida no se podrá aplicar debido a la permisividad del Gobierno con las cooperativas mineras.
El pasado jueves, Arias señaló en Twitter: “Si con el gas, que ya lo agotamos, creamos el IDH para los municipios, con el oro, por qué no creamos el IDRO (Impuesto Directo a los Recursos del Oro) para los municipios”.
Al respecto, el analista en minería Héctor Córdova considera que la creación de un nuevo impuesto no será la solución al problema que surge por el mínimo aporte que realizan las cooperativas mineras que, paradójicamente, concentran la mayor parte de la explotación de oro en Bolivia.
Según el analista, la norma establece que los operadores mineros deben pagar un impuesto del 37,5 por ciento sobre las utilidades obtenidas por la venta de oro, además de un 7 por ciento de regalías.
Sin embargo, esto no se cumple porque las cooperativas se refugian en normas que favorecen a poblaciones de escasos recursos organizadas en cooperativas para la explotación en yacimientos marginales. En estas condiciones solamente se paga el 1,5 por ciento de regalías y ningún impuesto.
Según Córdova, muchas cooperativas con grandes capitales y cuyas operaciones no se limitan a campos marginales se escudan en esta normativa y pagan sólo una regalía del 1,5 por ciento.
En este contexto, el analista considera que, en lugar de incorporar un nuevo impuesto, es más factible hacer cumplir las normas para que todos los operadores mineros paguen el impuesto correspondiente.
“Crear otro impuesto no creo que sea la solución, sino más bien tenemos que lograr que estas entidades (las cooperativas) no se apropien del valor del oro, porque ese oro es de todos los bolivianos”, dijo.
