El Estado Plurinacional de Bolivia indemnizará económicamente a la familia de la ciudadana argentina Marcela Alejandra Porco (+), quien fue víctima de la vulneración de sus derechos humanos mientras estuvo recluida hace 29 años en una cárcel en Santa Cruz.
“En el marco de la Disposición Adicional Única de la Ley N° 1431, de 25 de mayo de 2022, la Procuraduría General del Estado realizará el pago único de $us12.000.- (DOCE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), mediante una transferencia bancaria internacional, a favor de Antonela Grisi por concepto de indemnización por los derechos vulnerados a su madre, Marcela Alejandra Porco en las gestiones 1994 y 1995, comprometido en el Acuerdo de Solución Amistosa Caso 11.426 Marcela Alejandra Porco, suscrito el 30 de mayo de 2022”, apunta la norma.
Porco fue detenida el 2 de junio de 1994 en el aeropuerto de Santa Cruz, bajo el cargo de transporte de cocaína, para luego ser recluida en el Centro de Rehabilitación “Palmasola Mujeres” en inadecuadas condiciones de detención.
Los familiares de la víctima denunciaron el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que emitió el Informe de Admisibilidad, lo que habilitó al Estado a iniciar un proceso de negociación.
En 2022 se llegó a un consenso de contenido del Acuerdo de Solución Amistosa, que incluye medidas de satisfacción, de no repetición y una compensación económica.
El 19 de septiembre de 2022, la Procuraduría General del Estado realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por este caso. El evento contó con la participación de representantes de la CIDH como del Comisionado Joel Hernández García y la hija de Porco.
