El Ministerio de Planificación informó que el contrato con el BID fue ampliado para atender necesidades de salud. Inicialmente contemplaba el apoyo al Bono contra el Hambre y transferencias para la Renta Dignidad.
El crédito de 500 millones de dólares que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar el Bono contra el Hambre y parte de las transferencias para la Renta Dignidad, permitirá atender necesidades de salud, informó el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El Gobierno envío a la Asamblea Plurinacional para su aprobación el contrato por un valor de 500 millones de dólares (500.000.000) para el proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus II”, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID el 24 de enero de este año. Este préstamo fue aprobado por el organismo internacional en octubre de 2021 con el título “BO-L1219: Support for Vulnerable Populations Affected by Coronavirus II”.
En respuesta a un requerimiento de Página Siete, el Ministerio de Planificación de manera escueta informó que el contrato de préstamo gestionado ante el BID en la gestión 2021 no fue firmado hasta ahora, puesto que se consideró que debía ser ajustado para que parte de los recursos otorgados por dicho organismo financiador sean destinados a cubrir las necesidades del sector salud.
“En este sentido durante el 2022 se realizaron gestiones ante el BID para realizar ajustes al contrato de préstamo mismos que fueron aprobados por dicho Organismo a finales del año pasado”, precisó esa cartera de Estado.
Según informó el BID el 2021, el proyecto de financiamiento apoyará los esfuerzos del Gobierno de Bolivia de apoyar a las poblaciones más vulnerables a enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Para ello financiará el pago de una parte de los costos del Bono Contra el Hambre, un programa de transferencias monetarias creado en respuesta a la pandemia.
El programa consiste en una transferencia realizada por única vez a personas que no cuentan con un ingreso estable, al no recibir un sueldo del sector público o privado ni pensión o renta de la seguridad social a largo plazo.
A su vez, según indicó el BID, el proyecto financiará una parte de las transferencias monetarias del programa Renta Dignidad del que participan personas mayores de 60 años que no reciben ingresos por jubilación.
