El Procurador General del Estado informó que se solicitó la anulación del laudo que obliga al Estado a pagar $us 105 millones por el retraso en la nacionalización del sistema de pensiones.
“Hemos presentado la nulidad para la anulación de laudo, que aún está pendiente de pronunciamiento en el tribunal de apelación de La Haya en Países Bajos. Esto se va a ver en abril de este año”, informó el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, en la Audiencia de Rendición Final de Cuentas 2022 de esa entidad de defensa legal del Estado.
En julio de 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó recientemente un laudo arbitral en el que obliga a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con 105 millones de dólares por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
Chávez explicó que la pretensión del demandante era de 197,5 millones de dólares, pero el monto que el Tribunal Arbitral definió fue de 94,8 millones de dólares, más los intereses para llegar a los 105 millones de dólares.
Según la autoridad, con el trabajo realizado por la defensa legal de la Procuraduría se logró reducir el monto de indemnización que buscaba BBVA, porque de lo contrario, con intereses por 20 millones de dólares, el fallo hubiese sido por un mayor valor.
Los casos pendientes
1. En julio de 2016, Glencore Finance (Bermuda) presentó su Notificación de Arbitraje alegando la violación del Convenio entre Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital por la reversión de las Plantas Fundidoras de Vinto Estaño, Vinto Antimonio y el Centro Minero de Colquiri.
Chávez indicó este viernes que en este proceso se espera el laudo arbitral en los siguientes meses.
2. Caso Zurich. En el marco del Convenio entre el Gobierno de la entonces República de Bolivia y el Gobierno del Reino de Suecia sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, y del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la entonces República de Bolivia y la Confederación Suiza (TBI – Suiza), firmado en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Zurich presentó, el 17 de junio de 2020, la correspondiente Solicitud de Arbitraje que se encuentra bajo administración de la Corte Permanente de Arbitraje.
En este proceso, el procurador informó que se espera el laudo en este año y que se plantearon objeciones a la jurisdicción del arbitraje que en principio favorecen al país.
3. Caso Orlandini. El 2018, Julio Miguel Orlandini Ágreda y Compañía Minera Orlandini LTDA. presentaron su Notificación de Arbitraje contra el Estado Plurinacional de Bolivia por la supuesta expropiación de las concesiones de Compañía Minera Orlandini (CMO). Se espera el laudo a favor del país este año, sostuvo Chávez.
4. Soboce. En el marco del Decreto Supremo 616 de 1 septiembre de 2010, que tuvo por objeto recuperar las acciones que detentaba Soboce, en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, los principales accionistas de Soboce iniciaron contra el Estado Plurinacional de Bolivia, un procedimiento arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje, el 11 de enero de 2020.
• El 14 de julio de 2020, Soboce comunicó a la PGE, que dicha empresa y los accionistas, decidieron iniciar un arbitraje internacional contra el Estado boliviano invocando el Convenio sobre “Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, suscrito entre la República del Perú y la entonces República de Bolivia, el 24 de mayo de 1993, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.
En este proceso, el procurador informó que el mismo se encuentra en la etapa inicial y se trabaja en la defensa de los intereses del Estado.
5. Caso Jindal. En virtud al Laudo Parcial, de 9 de noviembre de 2018, el Proceso Arbitral CCI 20086/ASM/JPA, Jindal Steel Bolivia S.A. contra el Estado Plurinacional de Bolivia, Empresa Siderúrgica del Mutún y Corporación Minera de Bolivia (ESM), quedó subsistente solamente en contra de Empresa Siderúrgica del Mutún por ser emergente de un conflicto en materia comercial. Por Instrucción Presidencial CAR/MPR/DESPSE N°1167/2021, del 22 de septiembre de 2021, la PGE asumió la defensa coordinada del presente proceso junto con la ESM.
Chávez explicó este viernes que se contestó a la demanda, se exhibieron documentos y el 13 de septiembre del año pasado la empresa presentó el memorial de réplica sin un informe pericial que justifique la pretensión de su demanda. Este mes la ESM tenía que presentar su memorial de dúplica.
6. Caso Duron LLC C contra Emapa. En enero de 2021, Emapa fue notificada con una demanda de arbitraje comercial ante el Centro de Arbitraje Gran And Feed Trade Association (GAFTA) por incumplimiento de contrato 001/2020 de 9 de julio de 2020, suscrito por la venta de 30.000 toneladas de trigo.
Chávez informó que ya existe una fallo a favor del Estado y se desestimaron las pretensiones de la empresa demandante. Pero el caso está en etapa de apelación escrita y se espera la designación de los cinco miembros de la Junta de Apelación por parte del Centro de Arbitraje de GAFTA.
7. Caso Shell contra YPFB. El 25 de junio de 2021, Shell Bolivia Corporation presentó una demanda ante el Tribunal Arbitral contra YPFB donde la acusa de incumplimiento de múltiples formas el contrato de operaciones y los acuerdos suscritos. El año pasado el Tribunal Arbitral determinó un cuarto intermedio en la audiencia y su continuidad en fecha 24 y 25 de agosto de este año. Se espera el laudo para diciembre.
8. Caso ABC. A raíz del incumplimiento de la empresa COPASA del Contrato ABC Nº104/18 GNT-OBR-BID, de 17 de enero de 2018, suscrito entre la ABC y COPASA para la construcción de la carretera Nazacara – Hito IV, Tramo III Santiago de Machaca–Hito IV. “CONSTRUCCIÓN CARRETERA NAZACARA – HITO IV, TRAMO III: SANTIAGO DE MACHACA – HITO IV”, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) procedió con la resolución del mismo por lo que la empresa española activó una controversia arbitral de carácter comercial contra la ABC en el marco del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Chávez explicó que el proceso fue bifurcado y se aguarda la emisión del laudo sobre jurisdicción del tribunal arbitral. La Procuraduría y la ABC trabajan en los argumentos a ser planteados ante una eventual demanda.
