El procurador general, Wilfredo Chavez afirmó este lunes que los obispos de la Iglesia Católica deben comparecer como testigos en el caso denominado “Golpe I” y negó que tenga un fuero especial.
Pese a que la Fiscalía aseguró que los representantes de la Iglesia tienen fuero, Chávez considera que este privilegio no alcanza a todos y agregó que el único representante de la Iglesia católica es el nuncio apostólico, que tiene rango de embajador por ser representante del papa y que los demás integrantes puede ser convocado a la justicia.
“Con relación al supuesto fuero que tienen, la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (…) establece a quienes llega el beneficio, que es el jefe de misión, los demás somos nomás bolivianos a menos que hay adoptado noble nacionalidad con respecto al Vaticano, eso tendría que explicar el fiscal”, dijo en rueda de prensa.
Chávez acusó a los religiosos de “victimizarse” ante los medios de comunicación, tras conocerse la convocatoria a quienes integraron la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), durante la crisis de noviembre de 2019.
“Estas personas están llamadas como testigos, y han hecho una victimización mediática en todo lado diciendo que los estamos investigando, de pobrecitos. Que su conciencia los haga culpables (…) Vamos a volver a presentar el memorial insistiendo en que declaren estas personas, porque es lo correcto, antes de que se cierre esta investigación no podemos dejar en el limbo o en la oscuridad, como quieren algunos, las muertes que ha habido en los hechos del 2019 tienen que cerrarse y la mejor forma es ir a testificar”, agregó.
Recordó que entre julio de 2022 y enero de 2023 los abogados de la Procuraduría solicitaron que convoquen a declarar a 37 personas, muchas de las cuales ya habrían prestado su testimonio. Aclaró que están siendo convocados a declarar como testigos, no como sindicados.
A través de un memorial entregado el 30 de enero, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público que cite a declarar a 10 miembros de la Iglesia católica, entre ellos cuatro autoridades eclesiásticas, en el denominado caso ‘golpe I’ que se investiga el delito de terrorismo.
