El Gobierno expresó su rechazo a las resoluciones del “cabildo nacional” del miércoles, pues detectó “afanes golpistas” en sus determinaciones, y que se busca “impunidad” para los promotores de la violencia durante la crisis de 2019.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que muchas de esas decisiones son “inconstitucionales” y no van de la mano con el actual ordenamiento jurídico, como la demanda de amnistía para más de 180 “presos políticos”.
El cabildo de Santa Cruz afirmó que si esa solicitud, en particular, no es gestionada a la brevedad posible por el gobierno de Luis Arce, se iniciará el trámite para revocar su mandato.
“Están buscando impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos, a través de ese tipo de movilizaciones. Además, están buscando acortar el mandato presidencial, y ahí se muestran los afanes golpistas por tratar de buscar la impunidad (…), por las masacres de Sacaba, Senkata y el golpe de Estado”, fustigó Alcón.
En esa línea, el ministro de Justicia Iván Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.
Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.
El miércoles, se llevó a cabo un “cabildo nacional” convocado por el Comité pro Santa Cruz, en el que se demandó una ley de amnistía al Gobierno para todos los “presos políticos”.
Las instituciones cruceñas dieron cuenta de “más de 180 presos políticos de este régimen”, entre ellos, el gobernador Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, por el cual guarda detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro.
Se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.
Además de la demanda de amnistía, el cabildo de Santa Cruz pidió a la Asamblea Legislativa Departamental aprobar una ley para la creación de una “guardia departamental”, para la provisión de seguridad ciudadana, en lugar de la Policía Nacional.
También, se entregó un proyecto ley para el nacimiento de un Defensor del Pueblo departamental.
Al respecto, el ministro Lima indicó que aplicación de los resultados de ese cabildo es “inconstitucional”.
“La aplicación de los resultados del Cabildo es inconstitucional, buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y solo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos” (sic), escribió Lima en su cuenta de Twitter.
