Amnistía Internacional advirtió de que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la Policía peruana usen las armas para cometer “graves violaciones de los derechos humanos”
Amnistía Internacional (AI) reclamó este viernes al Gobierno de España que suspenda “de forma inmediata” la venta de armas ligeras y material antidisturbios a Perú, al considerar que podría servir para reprimir las protestas que comenzaron el pasado 7 de diciembre y que se han saldado con al menos 41 muertos.
En un comunicado, Amnistía Internacional advirtió al Ejecutivo español de que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la Policía peruana usen el material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición para cometer “graves violaciones de los derechos humanos”.
Por ello, demandó que suspenda “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío a Perú de este tipo de material, ya que desde hace cinco años España es el principal suministrador de armas a Perú en la Unión Europea.
Esta organización cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los que cerca de 40 millones eran de material antidisturbios.
En cuanto a las exportaciones en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones de euros en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.
AI ha pedido por carta la suspensión de estas exportaciones a la secretaria de Estado de Comercio en España, Xiana Margarida Méndez, que preside además la entidad estatal que regula la venta de armas.
La carta solicita que se revoquen las autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, de acuerdo con el tratado internacional sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos.
La organización pide que se mantenga esta medida hasta que “los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía peruanos sean procesados y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.
La crisis en Perú se desencadenó el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y luego detenido después de que anunciara la disolución del Legislativo, tras lo que asumió el poder la vicepresidenta Dina Boluarte.
