La Viceministra de Comunicación afirmó que las manifestaciones sociales difieren mucho de las protestas cívicas en Santa Cruz, donde se suscitaron quemas de instituciones, asaltos a entidades bancarias, secuestros, entre otros delitos.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró este viernes que en el país las movilizaciones sociales están garantizadas mientras no afecten los derechos de otros, a propósito de la convocatoria al cabildo del Comité pro Santa Cruz.
“Hay que diferenciar muy bien los temas, toda manifestación, protesta social, cabildos es parte del ejercicio democrático garantizado en el país. Nosotros hemos recuperado la democracia, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, pero cuando ello pasa a otro tipo de escenarios, que hemos visto en Santa Cruz, por ejemplo, quema de instituciones públicas y privadas, asalto a entidades bancarias, secuestros estamos hablando de actos delictivos que ya tienen otra connotación y tienen que ser investigados”, dijo la autoridad en contacto con los periodistas.
El líder del Comité Cívico cruceño, Romulo Calvo, organiza un cabildo nacional para el 25 de enero, en demanda de la liberación de Luis Fernando Camacho de la cárcel Chonchocoro, que enfrenta un proceso penal por terrorismo. Sin embargo, varias organizaciones sociales rechazaron la convocatoria. Anticiparon un fracaso en esa actividad y alertaron de que no permitirán acciones contra el Gobierno nacional.
Las movilizaciones de los cívicos se caracterizan por ser violentas y generar zozobra en la población, como los 36 días de paro, el cual derivó en cuatro muertes, una violación grupal, decenas de personas heridas, vulneración de derechos humanos a indígenas y población en general, además de cuantiosas pérdidas económicas.
Al respecto, la titular de Comunicación ratificó su criterio, en el sentido de que no se puede evadir responsabilidades bajo el argumento de una supuesta persecución política. Tampoco se
“Cuando hablamos de hechos delincuenciales, delictivos que ya vienen provocados por distintos grupos que generan esa violencia, y en el caso de Santa Cruz afines tanto a los cívicos como también a la Unión Juvenil que está además registrado en imágenes, bueno, eso tiene que investigarse y eso se tendrá que responder ante la justicia”, señaló.
En esa línea, recordó que el Gobierno nacional recibió recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que pide apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.
“Tenemos una responsabilidad para con las familias y además hemos recibido recomendaciones del GIEI; y le quiero decir, también, al señor Vicente Cuéllar ya existe un estudio y un trabajo que han realizado expertos internacionales reuniéndose con distintos sectores para estudiar, precisamente, todas las denuncias entre el mes de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y es parte de lo que se tiene que investigar, ahí tenemos nosotros recomendaciones que estamos cumpliendo”, agregó.
En ese contexto, recordó que una delegación de la CIDH arribará a Bolivia el 23 de enero para verificar los avances de las recomendaciones del GIEI. El encuentro se constituye en la primera de cuatro visitas que se programaron para este año.
