La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en las protestas desde el 28 de diciembre y la acción violenta de grupos organizados, probablemente alejados de los fines de las manifestaciones, en Santa Cruz. Bolivia ahora está bajo la lupa de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) que han seguido de cerca las protestas ocurridas después de la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y que seguirán los procesos judiciales en torno a esta situación.
“La CIDH expresa su firme condena a todo tipo de violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas en los últimos días”, dice parte de la nota de prensa difundida ayer.
Ambas instancias consideraron los informes públicos de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Defensoría del Pueblo que han reportado, desde el 28 de diciembre, una serie de violaciones a los derechos humanos y agresiones a manifestantes, funcionarios públicos, periodistas y que también se ha referido a la destrucción de bienes públicos y privados.
El vicecanciller Freddy Mamani, en nombre del Estado, dijo que los grupos organizados a los que hace referencia la CIDH serían los mismos que identificó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a los que catalogó como “parapoliciales”.
“En el comunicado resaltan la existencia de grupos organizados que cometieron violencia e incurrieron en varios hechos vandálicos en Santa Cruz, como la quema de instituciones públicas, la Fiscalía departamental, Impuestos Internos, 44 vehículos, 27 inmuebles de infraestructura civil e incluso el asalto a la vivienda de un ministro de Estado. El informe del GIEI identificó que estos grupos actúan desde 2019 y lo catalogó como parapoliciales recomendando al Estado su desarticulación”, señala el comunicado.
La CIDH enfatizó que la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia, por lo que pidió al Estado hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de la protesta, puedan desnaturalizarlo o utilizar dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema.
“Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta”, enfatizó la Comisión que pronto enviará a sus delegados al país.
Al respecto, desde la aprehensión de Camacho, el oficialismo apuntó a “grupos irregulares” supuestamente afines al Comité pro Santa Cruz como los responsables de la quema de instituciones. Mientras, los cívicos afirmaron que se trataban de autoatentados por lo que determinaron hacer vigilias con ayuda de los vecinos.
Sobre el uso excesivo de la fuerza, Mamani se refirió a estos como “supuestos” y aseguró que la Policía actuó cumpliendo estándares nacionales e internacionales para precautelar el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales de los bolivianos.
“Las denuncias del supuesto exceso referidas en el comunicado son investigadas por las instancias competentes como corresponde”, agregó.
Hace dos semanas, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ordenó una investigación sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza de policías durante los días de conflicto en la capital cruceña y dijo que “puede existir que alguna persona (policía) haya adecuado su conducta más allá de las normas establecidas”.
El 30 de diciembre, periodistas que realizaban la cobertura del conflicto en Santa Cruz denunciaron que los policías dispararon a quemarropa contra ellos. Uno trabajador de la prensa fue atendido en la clínica Foianini, donde le extrajeron cinco perdigones de bala. En ese entonces, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, expresó su preocupación por estos actos y pidió “garantías” para la prensa en Bolivia.
La institución internacional no dejó de lado el rol de los líderes políticos, tanto los que ejercen funciones públicas como los que pertenecen a organizaciones políticas, y los convocó a usar discursos que contrarresten la violencia y que promuevan el diálogo y respeto a la diversidad. “La violencia puede ser acentuada o exacerbada por discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades y otros liderazgos políticos”, dice el pronunciamiento.
Por otro lado, la siguiente semana se espera la llegada de la mesa técnica que hace seguimiento a las recomendaciones del GIEI sobre los hechos violentos del 2019. Los especialistas se reunirán con las autoridades gubernamentales y con las víctimas.
Uno de las obligaciones del Estado es iniciar un proceso a los autores de las masacres. Ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el Gobierno es respetuoso de los Derechos Humanos y está abierto a la observación internacional. Además, dio a conocer que el juez cautelar primero de El Alto amplió el proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra la expresidenta Jeanine Añez.
