Bolivia registró en 2021 la mayor deforestación de los anteriores 20 años: 286.000 hectáreas por los diferentes compromisos del Estado para producir etanol, biodiésel y exportación de carne.
Este proceso se acelerará y pone en riesgo la seguridad alimentaria, advierte la Fundación Tierra en el estudio “Deforestación 2016-2021, el pragmatismo irresponsable de la Agenda Patriótica 2025”.
El documento sostiene que hasta 2000, la deforestación registrada sumaba 2,68 millones de hectáreas a escala nacional. Durante la década 2001-2010 alcanza a 1,73 millones de hectáreas, es decir 173.000 hectáreas por año, pero las cifras sube a 2,38 millones de hectáreas en la siguiente década 2011-2020, esto significa 238.000 hectáreas por año.
La deforestación acumulada totaliza 7.083.852 hectáreas y el 86%, es decir 6.114.071, se concentra en Santa Cruz. El resto se encuentra, principalmente, entre los departamentos de Beni, la región tropical de Cochabamba y el norte de La Paz.
Durante la implementación de la Agenda Patriótica 2025 (2016-2021), disminuyó levemente la participación de Santa Cruz. En este período se deforestaron 1,8 millones de hectáreas a escala nacional, de las cuales 1,5 están ubicadas dentro del territorio cruceño. Esto representa el 83% de la deforestación reciente, señala el estudio.
También se acota que la superficie autorizada por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para desmontes alcanzó a 212.000 hectáreas anuales entre 2016 y 2021, lo que representa un cambio radical comparado con el promedio de 76.000 hectáreas del periodo 2011-2015. La diferencia porcentual entre ambos promedios alcanza a 177%.
Consideran que esto se debe a una justificación gubernamental de que se habrían comenzado a “legalizar” los desmontes irregulares mediante la flexibilización de requisitos y procedimientos.
De acuerdo con el informe emergieron nuevas zonas deforestadas para la agricultura mecanizada. La deforestación dejó de ser un fenómeno circunscrito a la Zona Agroindustrial de Santa Cruz y mayormente emerge en nuevos territorios.
Se identifica y expone con mayor detalle el protagonismo de tres zonas representativas (Laguna Concepción, Bolibras y San Ignacio de Velasco) que se caracterizan por el avance del modelo soyero, presencia mayoritaria de medianas y grandes propiedades empresariales, asentamientos de nuevas colonias menonitas, desmontes en tierras fiscales y comunidades campesinas e indígenas.
También refieren que se pierden territorios indígenas como la TCO Guarayos, que era la más grande de tierras bajas donde los predios están en manos de comunidades menonitas y han sido deforestados.
Pero el mayor riesgo -dice el estudio- es que el país deje de producir alimentos. “Un país que siembra gran parte de sus tierras cultivadas con soya y sorgo es un país que está dejando de producir alimentos. En este caso hoy se cultiva menos maíz y eso va traer problemas ya que obligará a importar maíz a precio subvencionado”.
Si no se garantiza maíz a costo bajo aumentará el precio de la carne de pollo, cerdo y otros alimentos y habrá problemas económicos porque el Estado no puede subvencionar de manera infinita, complementa el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
La principal recomendación es abandonar el pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025”. El Gobierno debe suspender la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, al menos en lo que respecta al sector agrario y ambiental.
“Las políticas y normativas agroambientales laxas están anulando los avances que existían para la protección de los bosques, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones rurales más vulnerables”, recalca el documento.
