“Estas actitudes arbitrarias, abusivas, ilegales e inconstitucionales dan lugar a que uno analice la posibilidad de activar un proceso contra estas personas que están atentando contra la alimentación de la población, empresarios que decidieron no sacar alimentos a los mercados porque ellos son los que están atentando contra la población”.
Los empresarios que optaron por dejar de enviar producto al resto de Bolivia corren el riesgo de ser procesados por atentar contra la alimentación de la población, advirtió el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
“Estas actitudes arbitrarias, abusivas, ilegales e inconstitucionales dan lugar a que uno analice la posibilidad de activar un proceso contra estas personas que están atentando contra la alimentación de la población, empresarios que decidieron no sacar alimentos a los mercados porque ellos son los que están atentando contra la población”, insistió.
A pesar de los hechos, Silva aseguró el abastecimiento de carne de pollo, res y otros alimentos en los diferentes mercados.
Justamente, como parte de esta estrategia, están en curso operativos de control en mercados, supermercados y tiendas de barrio para evitar delitos de agio y especulación
“Nosotros garantizamos el abastecimiento de los productos (…) se está comprando productos (directamente) de los productores para abastecer todos los mercados, por lo tanto, la población debe estar tranquila no entrar en pánico, no desesperarse”, insistió.
Silva exhortó a las autoridades municipales a cumplir con los controles y la regulación de precios de la canasta familiar, porque es parte de sus funciones y competencias.
De no hacerlo, estarían incurriendo en un incumplimiento de deberes.
Dos supermercados sancionados
El Centro de Atención al Usuario y Consumidor (CAUC) realizó controles de los precios de productos de la canasta familiar, principalmente, de la carne vacuna y avícola.
Dos supermercados en La Paz fueron sancionados este lunes con una multa de 3.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) por comercializar el kilo de pollo en Bs 19.90, “precio que excedería el que está ofertado en los mercados”.
Delito de agio y especulación
De acuerdo con el artículo N° 226 del Código Penal, el agio y especulación son delitos que pueden ser sancionados entre seis meses y tres años de cárcel.
“El que procurare alzar o bajar el precio de las mercancías, (…) mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad de seis meses a tres años (…) Será sancionado con la misma pena, el que acaparare u ocultare mercancías provocando artificialmente la elevación de precio”, establece el artículo 226.