El perito en Ingeniería Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), Alan Aparicio Ortubé, advirtió que la estructura de la Fiscalía en Santa Cruz tiene un 90% de daños causados por el fuego, lo que significa que en cualquier momento podría colapsar.
“En la inspección se realizó una evaluación de patologías características, como se pudo observar en las vigas, desprendimiento de material de revoque como de material estructural que dejó expuestas las armaduras. Las columnas de concreto también presentan desprendimiento y fisuras. Existe mayor daño en las losas de concreto que dejó expuestas las armaduras, la cubierta presenta desprendimiento, el incendio también causó daños en la estructura de aluminio y vidrio, entre otras que debilitaron la estructura que puede colapsar”, explicó Aparicio.
Indicó que la principal amenaza es el colapso parcial o total de la estructura por la condición actual de la zona, en ese sentido, se recomienda un estudio de amenaza y riesgo, considerando que un colapso lateral podría alcanzar la acera, avenida y calles adyacentes.
“El grado de afectación de la infraestructura es considerable y visiblemente se puede considerar una afectación entre el 80 y 90%, por lo que la demolición de la estructura debe ser considerada por el severo daño causado por el incendio”, sostuvo el Perito.
Daño económico
Por su parte, el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, explicó que gracias al moderno sistema informático “Justicia Libre”, el 100% de las piezas procesales se encuentran debidamente procesadas y escaneadas en el sistema y se ha instruido la reposición de todos los cuadernos de investigación que fueron afectados y estaban en investigación. También, se solicitó a la autoridad jurisdiccional las copias legalizadas para la reposición.
“Los daños preliminares ascienden la suma de 37 millones de bolivianos; en bienes muebles, escritorios y otros se cuantificó 1 millón de bolivianos; por la quema de equipos de computación se aproxima a los 2 millones de bolivianos; por los vehículos quemados asciende a 4 millones de bolivianos y el resto del monto corresponde al costo de la infraestructura”, explicó Almendras.
El director advirtió que como Ministerio Público no se permitirá que estos hechos violentos continúen, que van más allá de la protesta constituida, que no puede dar pie a que se actúe contra la propiedad privada ni contra de las personas. “El Ministerio Público actuará de manera inmediata y fruto de ello se tienen 22 procesos abiertos en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, existen 33 personas que cumplen detención preventiva, tres personas con medidas sustitutivas y 26 personas sentenciadas”, dijo.
